A casi dos años de la puesta en marcha del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, la reforma que asumió en enero de 2024 la administración de 53 escuelas, liceos y 10 jardines infantiles de la región, hoy se ve envuelta en una serie de cuestionamientos que ponen en entredicho su gestión y resultados.

La reforma de educación pública impulsada por la Ley 21.040, que creó los SLEP como nuevos sostenedores de los establecimientos públicos, tenía entre sus objetivos garantizar una educación más equitativa y de calidad. Sin embargo, en Magallanes los principales titulares han estado ligados más a crisis que a avances pedagógicos concretos. 

Pese a inversiones como los casi 300 millones de pesos destinados a obras de infraestructura en dos establecimientos de Punta Arenas y Puerto Natales, el debate público no ha girado en torno a resultados de aprendizaje o innovación educativa, sino a conflictos laborales y deficiencias en la gestión. 

Una de las principales polémicas fue el paro de profesores que dejó a miles de estudiantes sin clases. Más de 12 mil niños no pudieron asistir regularmente a clases debido al conflicto entre el SLEP y los gremios docentes, quienes exigían reajustes salariales mediante el artículo 47 del Estatuto Docente y una bonificación de incentivo profesional que aseguraba mejores condiciones laborales.

Esta paralización generó malestar entre apoderados y autoridades, evidenciando un ambiente de tensión que afectaba directamente el derecho a una educación continua y de calidad.

En medio de la crisis, el director ejecutivo del SLEP Magallanes, Mario García, estuvo en el centro de la polémica. El propio Presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció públicamente que mantenía una “muy mala evaluación” de su rol y desempeño al frente del servicio.

A esto se suma que García presentó licencia médica en un momento crucial y ha sido cuestionado por otros actores por haber ofrecido aumentos salariales a docentes sin respaldo legal ni aseguramiento financiero, en una estrategia que sectores del Ministerio calificaron de “irresponsable”. En todo caso, nunca existió ese “ofrecimiento”, si no más bien fue un compromiso de ver el tema en cuestión con el nivel central.

Denuncias de irregularidades y ajustes presupuestarios

El SLEP Magallanes también enfrenta denuncias ante la Contraloría General de la República por posibles irregularidades administrativas. Entre las acusaciones más graves se menciona que altos directivos, incluido García, habrían presentado simulaciones de remuneraciones para docentes y asistentes con inconsistencias técnicas, careciendo de respaldo contractual o datos confiables, según los denunciantes. 

Además, hace unos días, la institución fue apuntada por parlamentarios y el gremio de docentes por el anuncio de despidos masivos en plena Navidad, medida que, según críticos, fue comunicada sin explicaciones claras ni consideraciones sensibles para las familias y comunidades educativas.

¿Mejoras o crisis sostenida?

Mientras el SLEP Magallanes defiende que ha establecido instancias de diálogo y presentado propuestas para avanzar en temas como desarrollo profesional docente y condiciones laborales, el balance de la comunidad educativa y actores políticos es crítico. No se ha logrado centrar la discusión en la calidad educativa ni en resultados tangibles para los estudiantes, sino que persiste un ambiente de controversias, movilizaciones y cuestionamientos sobre la gestión y uso de recursos.

En un contexto donde la educación pública en Chile enfrenta desafíos estructurales, el caso de Magallanes se ha convertido en un foco de debate sobre si el modelo de los SLEP realmente está cumpliendo su propósito o si, por el contrario, agrava viejas deficiencias bajo una nueva institucionalidad.

Redacción ZonaZero.cl