Un nuevo giro sumó en las últimas horas la polémica por la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, luego de que el Gobierno decidiera pausar el proceso en el marco de ajustes fiscales, tensionando aún más un conflicto que ya escaló a lo judicial y administrativo.

La medida, impulsada a través del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, pone en suspenso la iniciativa anunciada hace meses: La transformación del terreno en un parque urbano, proyecto que había sido presentado como parte de la recuperación de espacios para la comunidad. Sin embargo, la decisión abre dudas sobre la viabilidad real de la obra en un contexto de estrechez presupuestaria.

Disputa por la indemnización y el dominio

En paralelo, el Club Hípico de Punta Arenas S.A. salió a fijar posición pública, cuestionando directamente la interpretación del Gobierno respecto del estado del proceso expropiatorio.

Según el comunicado, la autoridad (encabezada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje) habría incurrido en un “error de interpretación” al sostener que el dominio del inmueble no ha sido traspasado al Fisco por no haberse retirado la indemnización.

El punto es clave ya que el club sostiene que conforme al artículo 20 del Decreto Ley N°2.186, el traspaso de dominio ocurre con la consignación judicial de la indemnización, no con su cobro. Y ese hito ya se cumplió el 30 de diciembre de 2025 en el Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas.

De ser así, la tesis del club implica que el inmueble ya no les pertenece desde esa fecha, lo que contradice la argumentación utilizada por el Ejecutivo para justificar la retención del pago.

El tono del comunicado no es menor. La sociedad acusa que se intenta “acelerar indebidamente” el proceso mediante una interpretación errónea de la norma, advirtiendo además que defenderán sus derechos frente a eventuales actos administrativos ilegales o arbitrarios.

A esto se suma un elemento sensible. Pese a la supuesta pérdida de dominio, el propio Serviu habría actuado como propietario del recinto, autorizando incluso la permanencia de caballos en el lugar, lo que refuerza la contradicción que hoy se instala en el debate.

Golpe al proyecto y señal política

La pausa en la expropiación no solo abre un flanco jurídico, sino también político. El proyecto del parque urbano que había sido presentado como un símbolo de recuperación de espacios en Punta Arenas queda ahora en entredicho.

Más aún, la decisión ocurre en medio de un ajuste fiscal que ya comienza a impactar iniciativas regionales, dejando la sensación de que promesas relevantes pueden quedar en el camino.

En este escenario, la disputa por el Club Hípico deja de ser solo un conflicto puntual, y se transforma en un caso testigo sobre cómo el Estado enfrenta procesos expropiatorios, la certeza jurídica de los privados y, sobre todo, la coherencia entre los anuncios y la capacidad real de ejecutarlos.

Por ahora, el proceso queda en pausa. Pero el conflicto legal, político y económico está lejos de terminar.

Redacción ZonaZero.cl