El ahora ex gobierno de Gabriel Boric se ha caracterizado por festejar por los motivos erróneos. Festejos que nunca midieron las verdaderas consecuencias de sus acciones.

Boric y sus funcionarios festejaron la “inclusión” y la presunta transversalidad social de sus políticas, mediante el apoyo financiero a ONG, las mismas que ahora deben rendir cuentas por su papel en cuestiones que nunca quedaron del todo claras. Hay más que sospechas de que estas líneas, donde se amalgaman el derecho a la igualdad, la ecología de vertientes extremas, con miradas wokes hacia lo cotidiano, tuvieron escaso o nulo efecto en la realidad durante el período.

También se tiró manteca al techo por reivindicaciones laborales que no fueron exclusivas ni del gobierno saliente ni de los anteriores. Todo presidente que ha pasado por La Moneda (y de cualquier color político), sin duda, quiso mejorar salarios y condiciones laborales, empezando por el volumen de horas y la remuneración de base. Pero el equipo del ex presidente poco menos que se apuntó haber inventado la pólvora.

Ahora bien, en la realidad real, ¿qué consecuencias y frutos trajo la implementación del aumento del salario mínimo y el acortamiento de la jornada laboral?

Para las miles de pequeñas y microempresas que forman parte de la cadena productiva del país no debe haber sido fácil responder a las exigencias del entonces gobierno, si es que todos pudieron implementarlas. Habría que consultarles a ellos.

Pero en estos años el festejo, y sobre todo el discurso (florido, intenso, “comprometido”), vienen exhibiendo un precio más alto que la realidad misma en las góndolas de la política de neoizquierda progresista.

Y la realidad indica que Chile aún está lejos de ser un país rico, que aún debe mantener ajustadas las riendas de su presupuesto, que todavía conserva trabas coloniales que retrasan inversiones e iniciativas de todo orden.

Todavía hay pobreza, y tanto la salud como la educación están en deuda con una sociedad que las necesita desesperadamente. Ni la salud ni la educación parecieron tener un protagonismo excepcional durante la administración Boric. Basta pensar en los informes hechos por la Contraloría Regional sobre el lamentable estado de las escuelas en Puerto Natales para entenderlo.

El ex gobierno del mandatario se apuró a proyectar que quitaría a la salmonicultura del sur de Chile, donde ya es parte de su cultura. Una conducta poco amable y escasamente madura que se extendió a otras industrias.

Fue de las primeras cosas que apuntó Boric a su llegada al poder. Ni siquiera hubo una reflexión acerca de lo que sucedería si la acuicultura desaparecía. ¿Cómo pretendían aquellos funcionarios reemplazar de un día para el otro 80 000 empleos y USD 6500 millones en exportaciones? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para responder amablemente a los requerimientos de un grupo de millonarios extranjeros delirantes que, a su vez, se permiten diseñar un Chile despoblado e intocable?

Una suerte de Costa Rica, pero en el confín de los mapas.

Horas antes de dejar el sillón presidencial, Boric festejó junto a su ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, la protección del 50% del mar chileno. Casi 1 millón de km². En los papeles suena lindo, como un cuento infantil. Como era un cuento infantil suplantar la acuicultura por el hidrógeno verde, porque en teoría el H2V es verde y la salmonicultura no lleva el mismo apellido.

El hidrógeno verde ya anunció que esperará por tiempos mejores, mientras la acuicultura y la pesca siguen allí generando empleo y dólares.

Hemos asistido a años de una política ambiental sesgada por un infantilismo moral que hace pensar más en las definiciones de “bien” o “mal” propias de La guerra de las galaxias que en las de un grupo de personas equilibradas. De un lado los Jedi, ellos; del otro, el Lado Oscuro de la Fuerza, léase empresarios, emprendedores de cierta riqueza.

Cerca del 60% del territorio de Magallanes se encuentra bajo alguna forma de protección, y de continuar acentuándose este tipo de políticas podría llegar al 90%.

Es mucho lo que no se dice respecto a la creación de áreas “protegidas”. Como es mucho lo que no se menciona sobre cómo llegó Magallanes y el sur de Chile en general a aceptar la implementación de parques que impiden cualquier actividad productiva y social. Desde dormir al aire libre en sectores no “autorizados” hasta bañarse en un río.

Detrás de estas iniciativas se escucha el rumor de poderosas ONG con intereses propios que no coinciden con los deseos de progreso de los propios chilenos. Los parques terminan funcionando como espacios donde la propia soberanía de Chile resulta cuestionada.

La geografía chilena tiene múltiples posibilidades, y desde este punto debería ser entendida y explotada. Cuando aceptamos que el 50% del mar, el 90% del territorio de Magallanes queden bajo total protección, también estamos diciendo que ese mar y ese territorio ya no están bajo nuestras manos.

Incluso se podría agregar que el territorio protegido termina bajo la tutoría de ONG que pesan más que la opinión de los ciudadanos chilenos.

Puerto Natales puede dar fe de lo que significa aprovechar los recursos naturales. En los 70, gran parte de la población adulta masculina trabajaba en una mina de carbón a 30 kilómetros, del otro lado de la frontera. En el 2000, cuando comenzó a sentirse el boom del turismo, recibió con los brazos abiertos a turistas que pusieron a prueba su capacidad de servicio, redes cloacales, recolección de basura, uso intensivo de rutas con destino al Parque Nacional Torres del Paine. En la misma época, la salmonicultura empezó a aprovechar de buena forma la geografía intrincada que nos caracteriza.

Una noticia que repercutió en forma de trabajo y ascenso social hasta entonces impensados.

Una discusión inteligente, sin prejuicios absurdos, permitiría consensos acerca de cómo administrar los recursos que son soberanos. Lo contrario a esto es la creación de espacios que quedan detrás de una cortina de hierro, en los que literalmente no se puede hacer nada. Espacios que, como en la India, se convierten en vacas sagradas que pastan a sus anchas mientras la población reclama comida, empleo y una mejor calidad de vida.