La Ley 21.792, impulsada por el diputado Carlos Bianchi y promulgada a principios de 2026, obliga a las aerolíneas a entregar automáticamente la lista de pasajeros a la PDI, Carabineros y el Ministerio Público, sin necesidad de solicitarla caso a caso. Las aerolíneas deben enviar estos datos al finalizar el embarque.

La norma que exige la entrega anticipada de la lista de pasajeros aéreos (API/PNR) apunta a combatir el crimen organizado y la migración ilegal en Chile, especialmente en Magallanes. Así las cosas, el proyecto aprobado permite a las policías autenticar pasajeros. Pero en la práctica, la implementación avanza con una lentitud que hoy resulta incomprensible, especialmente tras conocerse que una persona con cerca de 50 órdenes de detención vigentes ingresó vía aérea a la región sin que nadie lo advirtiera.

El individuo fue detenido días después por un delito de robo en la ciudad. La pregunta es inevitable: Si las policías hubieran solicitado y cruzado oportunamente la lista de pasajeros, o las líneas aéreas no esperaran la solicitud, o hubiera un real interés en avanzar con todo esto ¿Habría ingresado sin ser detectado?

Las iniciativas establecen dos herramientas clave:
• Entrega anticipada de listas de pasajeros (API/PNR): Obliga a las aerolíneas a remitir a la PDI, Carabineros y Fiscalía la información de pasajeros una vez finalizado el embarque.
• Control biométrico: Permite a las policías autenticar identidad mediante huella digital, iris, retina y reconocimiento facial.

La normativa quedó lista para su promulgación entre fines de 2025 e inicios de 2026, con especial foco en Magallanes, una región insular en términos prácticos, donde el control aéreo es estratégico para combatir crimen organizado, ingreso de prófugos y tráfico de drogas.

Además, el Gobierno Regional de Magallanes destinó recursos para avanzar en la implementación tecnológica del sistema biométrico en los accesos aeroportuarios. Es decir, el financiamiento regional existe.

Lo que no existe, al menos de manera sistemática, es el uso efectivo de la herramienta más básica: Pedir la lista de pasajeros.

La contradicción que nadie explica

Lo más desconcertante es la versión cruzada entre actores. Según fuentes cercanas, desde las líneas aéreas aseguran que nadie les está solicitando las listas. Y desde las instituciones policiales se sostiene que nadie les ha hecho llegar esa información.

Pero ojo, todo esto no es un trámite voluntario ni discrecional. Es una obligación asociada a una política pública de seguridad.

Entonces, ¿Por qué no se están pidiendo de manera cotidiana, o por qué no se están entregando por parte de las líneas aéreas?
¿Quién está fiscalizando el cumplimiento?
¿Dónde está el protocolo operativo?

La ausencia de respuestas solo profundiza la sensación de descoordinación.

El reciente caso del sujeto con cerca de 50 órdenes pendientes deja en evidencia una falla grave en el sistema. Ingresó por vía aérea a Magallanes sin ser detectado y fue detenido solo después de cometer un nuevo delito en la ciudad.

Si el cruce de datos con bases institucionales se hubiera realizado con la lista de pasajeros, el resultado podría haber sido distinto.

Aquí no se trata de criminalizar el transporte aéreo ni de generar alarmismo, sino de aplicar una ley que fue promovida precisamente para evitar que prófugos o integrantes de redes delictuales utilicen los vuelos comerciales como puerta de entrada segura.

El discurso político fue claro cuando se impulsaron estas normas: Magallanes debía tener un estándar de control reforzado, considerando su condición estratégica y su aislamiento geográfico. Se habló de seguridad aeroportuaria moderna, de biometría, de cruce de datos en tiempo real.

Hoy, sin embargo, ni siquiera se está utilizando de manera sistemática la herramienta más básica que contempla la ley: La lista anticipada de pasajeros.

La inversión regional no puede transformarse en un titular si la implementación operativa queda entrampada en burocracia o descoordinación institucional.

Magallanes no puede darse el lujo de tener una legislación avanzada en el papel y una aplicación débil en la práctica. Si la norma obliga a entregar y solicitar información, debe cumplirse. Y si no se está cumpliendo, corresponde fiscalizar.

Porque cuando un prófugo con decenas de órdenes pendientes entra a la región sin que nadie lo detecte, el problema no es tecnológico. Es de gestión.

Y en materia de seguridad, la lentitud y la descoordinación no son detalles administrativos: Son brechas que el delito aprovecha.

Redacción ZonaZero.cl