Hablar de soberanía en tiempos digitales es un asunto complejo.

Hay países que entregan pasaportes digitales. Otros ofrecen residencia simplemente demostrando ingresos obtenidos en el extranjero. Existen, incluso, grupos de personas en internet que ya funcionan como verdaderas naciones instaladas en el éter. Y así sucesivamente.

Está claro que esta discusión merece ser abordada.

Desde hace años, las ONGs ejercen una influencia significativa sobre las decisiones que toman países como Chile y Argentina respecto de sus recursos naturales. Muchas de las campañas lideradas por estas organizaciones extranjeras se encuentran sesgadas o, directamente, mienten, destacando solo algunos puntos de un mapa compuesto por miles de alternativas posibles.

Lo saben bien quienes trabajan en energía nuclear o en la producción de semillas transgénicas: no importan las pruebas científicas que demuestran sus enormes beneficios, la oposición se muestra obtusa e intransigente.

Las ONGs responden a intereses que, en muchos casos, no coinciden con los del país donde ejercen su influencia. De este modo, entran en conflicto directo con la soberanía nacional.

Existen múltiples formas de ejercer ese poder. Una de ellas es promover la creación de parques nacionales para que gran parte del territorio quede bajo una categoría que lo vuelve prácticamente intocable, incluso para iniciativas de los gobiernos de turno. Es decir, intocable para todos los chilenos o argentinos.

Otra consiste en alentar a comunidades originarias a realizar reclamos de tierras ancestrales en zonas donde ya se desarrollan actividades económicas como el turismo, la pesca, la salmonicultura y el tráfico marítimo. Todas las cuales quedan limitadas o directamente anuladas cuando la geografía se convierte burocráticamente en parque nacional.

Una forma más es desplegar campañas muy agresivas en redes sociales que atacan las actividades productivas que se desarrollan en el territorio nacional. Sus cañones apuntan especialmente a proyectos inmobiliarios y a empresas vinculadas al mar, entre otros.

Si se siguieran al pie de la letra las directrices de las ONGs ambientalistas, regiones como Tierra del Fuego y Magallanes deberían quedar prácticamente sin actividad económica y despobladas.

Mientras los gobiernos de turno no impulsen un proceso serio, obligatorio y legal de blanqueo (transparencia total) de los fondos que nutren a estas ONGs, nunca sabremos con certeza quiénes se encuentran realmente detrás de ellas.

Lo sospechamos, pero desde el punto de vista de la transparencia informativa y fiscal queda mucho por esclarecer.

Organizaciones como Rewilding y Greenpeace han participado activamente en las campañas contra la salmonicultura en toda la Patagonia. Estuvieron presentes cuando en 2021 la provincia de Tierra del Fuego (Argentina) prohibió la actividad. También continúan activas en Última Esperanza a través de diversas campañas que apuntan a la industria.

La misma que entrega más de 7000 mil empleos en la región.

Todo indica que sus intervenciones han influido en decisiones políticas, lo que puede entenderse como una afectación a la soberanía de los países. Justamente porque se trata de organizaciones extranjeras, financiadas en su totalidad o en parte con capitales foráneos, con una agenda propia que va más allá —o incluso en contra— de la autodeterminación de las naciones.