A un año de la primera gran crisis del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, que derivó en una paralización docente de cuatro semanas y afectó a cerca de 12 mil estudiantes, la educación pública en la región vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Esta vez, no solo por los conflictos administrativos en su cúpula, sino por graves denuncias desde las salas de clase.

Profesores y alumnos del Liceo Sara Braun de Punta Arenas han alertado sobre condiciones sanitarias y de infraestructura que califican como críticas: Presencia de cucarachas incluso dentro de las salas, problemas de humedad y deficiencias de mantención. Según los testimonios, algunos estudiantes habrían sufrido la caída de estos insectos mientras se encontraban en clases, lo que ha generado preocupación y molestia en la comunidad educativa.

Pese a que docentes sostuvieron conversaciones con representantes del SLEP, e incluso se habría concretado una visita al establecimiento, acusan que hasta ahora no existen respuestas concretas ni soluciones visibles frente a la situación.

Este escenario contrasta con el foco que ha concentrado la contingencia del servicio en el último año: Los problemas judiciales y administrativos de su director ejecutivo, Mario Alberto García Martínez.

En paralelo a las denuncias en establecimientos educacionales, el Juzgado Laboral de Punta Arenas resolvió la demanda interpuesta por García en contra del Ministerio de Educación (representado por el ministro Nicolás Cataldo) y la Dirección de Educación Pública, encabezada por Rodrigo Egaña.

El conflicto se remonta al 7 de marzo de 2025, cuando García se acogió a licencia médica. Tras la expiración de sus permisos, se le aplicó la suspensión de funciones y la apertura de un cuaderno de remoción, iniciando así su proceso de desvinculación.

En medio del impacto nacional que generó la paralización docente al inicio del año escolar 2025, el 4 de abril de ese año el directivo presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales, cobro de indemnizaciones y daño moral, por un monto que ascendía a 1.000 millones de pesos.

Sin embargo, el tribunal finalmente resolvió condenar a los demandados al pago de una indemnización por daño moral de 30 millones de pesos, cifra muy por debajo de lo inicialmente reclamado.

Así, mientras el sistema discute en tribunales las responsabilidades y compensaciones de sus altos cargos, en los establecimientos educacionales persisten problemas básicos sin resolver. La distancia entre la gestión administrativa del SLEP y las condiciones reales en que estudian miles de alumnos en Magallanes vuelve a instalar dudas sobre las prioridades y la capacidad de respuesta del modelo de educación pública en la región.

Redacción ZonaZero.cl