En tiempos de incertidumbre global, han vuelto a instalarse con fuerza ciertas ideas que buscan presentar a Zona Franca como un “refugio” frente a las turbulencias económicas. La tesis no es nueva: El mundo es inestable, las cadenas logísticas son frágiles y, en ese escenario, este sistema actuaría como un amortiguador natural para Magallanes.

El problema no está en reconocer la importancia de Zona Franca (porque la tiene y seguirá teniéndola), sino en aceptar sin cuestionamientos un relato que omite las tensiones reales del modelo y, sobre todo, su distancia con el propósito que le dio origen.

Se insiste en que factores externos como el precio del petróleo o el tipo de cambio impactan menos en la región gracias a este sistema. Sin embargo, esa afirmación choca con la experiencia cotidiana de los magallánicos. Los precios muchas veces no reflejan una ventaja clara, y en no pocos casos, la diferencia con el resto del país es marginal o simplemente inexistente. Si el supuesto “refugio” no logra proteger el acceso a bienes básicos, entonces el concepto comienza a vaciarse de contenido.

También se ha planteado que existe una arquitectura logística eficiente, diseñada para resistir crisis y garantizar abastecimiento. Pero esa mirada técnica deja fuera un elemento clave. La estructura de funcionamiento del sistema, marcada por concentración, márgenes relevantes y una concesión largamente cuestionada. La eficiencia operativa puede ser real, pero no necesariamente se traduce en beneficios directos para la ciudadanía. Y ahí es donde surge la principal fractura.

Otro de los argumentos recurrentes es utilizar la pandemia como prueba del éxito del modelo. Es cierto que la región resistió, pero atribuir esa resiliencia exclusivamente a Zona Franca es, al menos, incompleto. Hubo múltiples factores en juego: redes locales, comercio independiente, apoyo estatal y capacidad de adaptación de la propia comunidad. La historia es bastante más compleja que una sola explicación.

Se ha defendido, además, la lógica de altos inventarios como una virtud estructural. Pero ese enfoque responde más a una dinámica comercial que a una política de protección social. Mantener grandes volúmenes de stock implica costos que alguien paga, y ese alguien suele ser el consumidor final. No se trata de un mecanismo solidario, sino de una estrategia que también busca resguardar la rentabilidad del sistema.

Quizás uno de los puntos más sensibles es el intento de posicionar a Zona Franca como una red de contención social más que como un instrumento económico. Si eso fuera plenamente cierto, entonces el estándar de evaluación debería ser mucho más exigente. Precios accesibles, transparencia, competencia efectiva y beneficios claros para la población. Y es precisamente en esos aspectos donde hoy existen dudas legítimas.

Porque Zona Franca no es un fin en sí mismo. Su razón de existir es profundamente territorial. Compensar el aislamiento, reducir el costo de vida y generar condiciones de equidad en una de las zonas más extremas del país. Esa dimensión social no puede ser utilizada como argumento retórico mientras la experiencia cotidiana de la ciudadanía cuenta otra historia.

Cuidar Zona Franca no significa defenderla a ciegas ni blindar su modelo actual. Significa exigir que cumpla con su propósito. Significa revisar cómo se administra, cómo se fijan los precios, cómo se distribuyen los beneficios y quiénes son realmente los favorecidos por el sistema.

Magallanes necesita Zona Franca, sí. Pero necesita una que esté a la altura de su origen y de su gente. No basta con declararla un refugio. Tiene que demostrarlo en la práctica. Porque cuando llegue la próxima crisis, lo que va a importar no es el relato, sino la realidad que enfrenten las familias magallánicas.

Y ese estándar no puede seguir siendo negociable.

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl