Autoridades regionales evitan responder por presunta intervención en concursos del SBAP
El mutismo se ha transformado en una respuesta repetitiva en el el Ejecutivo local, y vuelve a ser protagonista tras la grave denuncia presentada por la Asociación de Funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). A días de que se hiciera público el presunto intento de intromisión del seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, en los procesos de selección de personal de un organismo legalmente autónomo, la estrategia de las autoridades locales ha sido el repliegue comunicacional.
Tanto la seremía de Medio Ambiente como la dirección del SBAP han optado por no emitir declaraciones, limitándose a señalar que “por el momento no se referirán al tema”.
Cabe señalar, que la denuncia de los trabajadores no es menor. Acusan una vulneración directa a la autonomía institucional. El SBAP, diseñado como un ente técnico especializado, posee facultades y procesos de selección de personal independientes de las directrices políticas de turno. Sin embargo, los antecedentes apuntan a un intento de “colarse” en la toma de decisiones que no competen a la autoridad regional de Medio Ambiente.
En el mundo de la gestión pública, el silencio frente a acusaciones de esta magnitud rara vez es interpretado como prudencia; por el contrario, suele profundizar la crisis de confianza. Cuando una autoridad (ya sea de designación política o de carrera) evita aclarar una denuncia de intervención, el vacío de información alimenta la percepción de irregularidad.
Un conflicto que escala
Este hermetismo no solo afecta la imagen externa de las instituciones, sino que siembra la semilla de un conflicto interno de proporciones. La relación entre la Seremi de Medio Ambiente y sus funcionarios, así como la operatividad del naciente SBAP en la zona, quedan bajo una sombra de duda que solo la transparencia puede disipar.
La negativa a dar la cara ante los medios regionales, que han buscado la versión de Rosenfeld y del director del servicio afectado, deja una pregunta abierta en la opinión pública. Si las actuaciones se ajustaron a la norma, ¿por qué evitar la explicación pública?
En una región donde la probidad en el uso de facultades públicas es una exigencia ciudadana creciente, el silencio administrativo parece ser el peor aliado de las autoridades cuestionadas. La aclaración inmediata no es solo una opción comunicacional, es un deber ético ante una denuncia que ya tiene eco en todo el país.
Redacción ZonaZero.cl
