Tres días de hermetismo le tomó al diputado Alejandro Riquelme Ducci (Republicano) redactar el comunicado con el que intentó contener el escándalo por la presunta asignación irregular de subsidios estatales destinados a familias vulnerables de la Región de Magallanes. La estrategia fue doble: desvincularse de Susan Liliana Chicuy Godoy, la principal imputada en la investigación, y traspasar la responsabilidad a una “herencia administrativa” firmada en 2021, antes de que él asumiera funciones como consejero regional. Sin embargo, documentos oficiales del Poder Judicial y del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo desmienten ambos flancos de esa defensa pública.

El primer pilar de la argumentación del legislador es su supuesta distancia con Chicuy en la época de los hechos. En su declaración, Riquelme minimizó el vínculo, eludiendo cualquier nexo que lo conectara con la mujer que obtuvo un cupo de subsidio habitacional en el proyecto Estepa Austral I.

Lo que no calculó es que en el año 2023 ya habían presentado a Chicuy como testigo de su defensa ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en la causa RIT 1100-2023 seguida por injurias. Al declarar bajo juramento ante la jueza Paula Andrea Stange Kahler, Chicuy no dejó margen para la ambigüedad: “Soy pareja de Alejandro Riquelme hace como 18 años, y además somos socios de la empresa Magallania, de la cual yo soy la representante”. Según consta en la página 21 del fallo, ambos fundaron esa sociedad en 2007, viajaban juntos a realizar capacitaciones y él operaba como relator principal de las actividades financiadas con fondos del Sernameg. Una unión comercial y afectiva de casi dos décadas que el diputado intentó hacer invisible en su comunicado de prensa.

El segundo pilar, y el más expuesto documentalmente, es la tesis de que el convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional de Magallanes se firmó en 2021 y, por tanto, no hubo participación ni responsabilidad en el proceso. Esa versión no se ajusta a los antecedentes disponibles. Un convenio marco entre un ministerio y un Gore es un instrumento general de intenciones financieras que no ejecuta recursos de forma automática. Para que los fondos se transformen en obras reales, cada ítem debe desglosarse, pasar por las comisiones técnicas del Consejo Regional y bajar a sala plenaria para que se aprueben de forma específica cada transferencia y cada adenda presupuestaria.

La prueba documental es la Resolución Exenta N°316, firmada el 2 de marzo de 2022 por el entonces Ministro de Vivienda Felipe Ward Edwards. El documento, disponible en el portal de Transparencia Activa del Minvu, asigna directamente subsidios adicionales por un total de 181.112,94 Unidades de Fomento para 153 familias de los proyectos Estepa Austral I y Loteo Weche Pepiukelen, ambos de la comuna de Punta Arenas. La razón que consigna la resolución es inequívoca: El financiamiento comprometido por el Gobierno Regional de Magallanes no se concretó, lo que obligó al Ministerio a intervenir con una asignación directa de recursos para salvar la viabilidad de los proyectos. Ese mismo documento instruyó al Serviu de Magallanes a iniciar las acciones administrativas, civiles y penales que correspondieran para determinar responsabilidades por los recursos adicionales que el Gore no aportó.

Esa resolución se firmó nueve días antes de que Alejandro Riquelme asumiera formalmente como consejero regional, el 11 de marzo de 2022. Es decir, cuando el diputado llegó al cargo, el proyecto Estepa Austral I era un proceso financiero y administrativo plenamente activo, con problemas reconocidos por el propio Ministerio y con fondos públicos aún en tramitación. El Consejo Regional debió desglosar el convenio marco, tramitar transferencias operativas y analizar suplementos presupuestarios. Atribuir lo ocurrido a un acto administrativo estático y previo a su llegada no se ajusta a lo que la documentación oficial certifica.

El 7 de julio de 2022, según consta en la Resolución Exenta N°1117 de Vivienda, Susan Liliana Chicuy Godoy ingresó al proyecto Estepa Austral I mediante un proceso de cupo por reemplazo.

La defensa pública del diputado republicano instala más dudas de las que resuelve. La Resolución Exenta N°316 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo demuestra que el proceso financiero del proyecto donde su pareja histórica obtuvo un beneficio de vulnerabilidad social se analizó en profundidad a lo menos en una sesión del Core durante el año en que él ejerció como consejero regional. Lejos de cerrar la polémica, el comunicado de Riquelme abre nuevas dudas sobre la contradicción entre su relato y la prueba documental que el propio Estado generó.

Documentos de respaldo:

-Sentencia RIT 1100-2023, Juzgado de Garantía de Punta Arenas, código de verificación ELYUXUWXXKN, disponible en verificadoc.pjud.cl. Resolución Exenta N°316 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2 de marzo de 2022, disponible en transparencia.minvu.cl.

-Resolución Exenta N°316 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2 de marzo de 2022, disponible en transparencia.minvu.cl.

-Sesión del Consejo Regional de Magallanes del 02-05-2022

A continuación puedes descargar el PDF de la causa RIT 1100-2023

Redacción ZonaZero.cl