Un certificado de antecedentes no es un argumento de Gobierno. Pero en Magallanes, el vocero regional, Ángel Roa, lo convirtió en el centro de su defensa pública. Lo que vino después instala dudas que van mucho más allá del seremi de Educación. Una repetición de errores en la profundidad del entendimiento del cargo, que incluso hace recordar momentos igual de inentendibles de la administración anterior.

Hay momentos en política donde el silencio estratégico vale más que mil palabras. Y hay otros donde hablar mal es peor que no haber hablado. Y el seremi de Gobierno, Ángel Roa, eligió la segunda opción en una declaración dada al medio oficialista El Pinguino.

Cuando los cuestionamientos sobre la gestión del seremi de Educación, José Raúl Alvarado, circulan hace rato en medios regionales y nacionales, incluyendo trascendidos sobre una solicitud de renuncia formulada por la propia delegada presidencial, Ericka Farías, Roa decidió salir a defender públicamente a Alvarado. Su argumento central apunta a que el seremi de Educación tiene el certificado de antecedentes limpio. Pero ese solo párrafo resume el problema.

En comunicación política existe un principio básico, donde se entiende que el vocero no es el protagonista, es el canal. Su rol es transmitir la posición institucional con claridad, sin generar nuevas áreas de conflicto ni reducir debates complejos a argumentos que puedan ser fácilmente rebatidos.
Roa hizo exactamente lo contrario.

Al presentar el certificado de antecedentes como “el papel más importante”, el vocero regional no solo simplificó de manera inadmisible el estándar de idoneidad para un cargo de confianza pública, sino que construyó un argumento que (lejos de cerrar la polémica) la amplió. Porque la pregunta que surge de inmediato es obvia. Si esa es la vara, ¿qué pasa con todo lo demás?

Los cargos de exclusiva confianza en el Estado chileno no se sostienen solo en la ausencia de antecedentes penales. Se sostienen en la confianza política, en la capacidad técnica demostrada y en la integridad de la gestión. Cuando alguno de esos pilares se fisura, cuando se omite información básica, cuando se intenta obviar lo que luego es desmentido con documentos oficiales, un certificado de antecedentes no los repone. Es un documento de base, no un salvoconducto político. Y eso, en términos de vocería, es elemental.

La comunicación política eficaz requiere, al menos, tres cosas. Primero un diagnóstico correcto del escenario, luego un mensaje coherente con la posición institucional y finalmente una proyección de las consecuencias de cada declaración. Las declaraciones de Roa fallan en las tres.

Primero, el diagnóstico. Salir a defender públicamente a una autoridad cuestionada, en medio de trascendidos sobre su posible salida, es una apuesta de alto riesgo. Si Alvarado finalmente abandona el cargo, Roa habrá quedado como el vocero que blindó lo que no pudo blindarse. El costo político de esa imagen no es menor.

Segundo, el mensaje. Apelar a los 50 años de trayectoria de Alvarado como argumento de defensa es recurrir a la autoridad del pasado para justificar el presente. En administración pública, la experiencia acumulada no exime del escrutinio sobre la gestión actual. Usarla como escudo ante cuestionamientos vigentes es una táctica tan vieja como desgastada, que hoy no convence a una ciudadanía cada vez más informada y exigente.

Tercero, la proyección. ¿Qué pasa si los hechos públicamente sabidos terminan provocando un problema mayor, sobretodo a la delegada? El vocero que los minimizó habrá perdido credibilidad. Y con él, parte de la credibilidad del gobierno a nivel regional.

En política, como en derecho, hay una máxima que aplica y señala: Lo que se dice puede y será usado en tu contra.

Pero al mismo tiempo, siguen habiendo preguntas que nadie ha respondido… La falta de táctica, de estrategia, y de conocimiento de comunicación política preocupa.

Hay un silencio que pesa más que las declaraciones de Roa. Porque si el vocero intentó salir a blindar a su jefa, lo cierto es que terminó blindando a quien le está generando ruido a la propia máxima autoridad del Ejecutivo a nivel local. Eso es, en sí mismo, una señal política.

Porque cuando se intenta colocar la basura bajo la alfombra ante una crisis en una cartera tan sensible como Educación, se genera innegablemente un vacío que la ciudadanía llena con desconfianza. Y la desconfianza, una vez instalada, es difícil de desalojar.

Y hagámonos otra pregunta, ¿El vocero actuó por cuenta propia, en un ejercicio de lealtad personal que desbordó su mandato institucional? Ninguna respuesta pareciera que es cómoda. Pero la ciudadanía merece saberlo.

La comunicación política no se aprende a “espaldarazos”, y la gestión comunicacional de este episodio expone algo más profundo que un error puntual de vocería. Expone la ausencia de un criterio político formado sobre cómo administrar crisis institucionales. Lamentablemente, pareciera ser todo un espejo del poco manejo que también se ha visto en temas puntuales a nivel central.

La comunicación política no es relaciones públicas. No se trata de aparecer bien en la foto ni de repetir un mensaje hasta que suene convincente. Es, en su dimensión más exigente, la gestión del sentido en contextos de conflicto. Requiere conocer las herramientas, el encuadre del mensaje, la gestión de agenda, el manejo de la narrativa adversa, el “timing” de las declaraciones y, sobre todo, la capacidad de distinguir cuándo hablar y cuándo no hacerlo.

La política de cercanías, de compadrazgos y de conveniencias recíprocas puede funcionar en los márgenes. Pero cuando llega la crisis real ese tipo de política no alcanza. Y cuando no alcanza, queda expuesta.

Como señaló el propio ministro de Hacienda ante situaciones complejas en el ámbito económico, “no se puede tapar el sol con un dedo”. La frase aplica con precisión quirúrgica a lo que ocurre hoy en la institucionalidad educacional de la región.

Y lo que queda después de todo esto… es un seremi cuestionado. Un vocero que lo defendió con argumentos endebles. Una delegada atenta a tantas cosas que le ha sido difícil cortar de raíz esta mala novela. Y una ciudadanía que observa cómo una crisis en educación (la cartera más crítica para el futuro de cualquier región) se intenta administrar con recursos comunicacionales de otra época.

Pueden haber certificados limpios. Pero la gestión política de esta crisis, esa sí tiene manchas. Y no hay papel que las borre.

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl