Según la información recabada vía transparencia, la denuncia apunta a que la actual coordinadora del Senama Magallanes no cumpliría los requisitos estipulados por La ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y que dicta que para este cargo se debe contar con título profesional universitario de una carrera de, a lo menos ocho semestres, otorgado por una universidad del Estado o por una universidad o instituto profesional reconocida por éste.
Un grave cuestionamiento pesa sobre la coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Rebeca Aguilante Canales. Mucho se ha especulado del porqué la máxima autoridad del organismo en la región ha guardado silencio en los últimos meses. Sin embargo, ello se debería a que existe una denuncia en su contra interpuesta en la Contraloría General de la República.
Luego de solicitar una serie de documentos vía transparencia, se ha confirmado que se le investiga por no poseer las acreditaciones académicas y de experiencia necesarias que validen su contratación e idoneidad para el cargo.
Cabe recordar que Aguilante no estuvo en proceso de concurso público, lo cual fue ratificado por el mismo organismo.
Según los documentos que detallan la denuncia, Aguilante Canales presenta sólo el título de Técnico en Secretaria Ejecutiva Computacional, el cual claramente no guarda relación con lo requerido explícitamente en la norma de la institución del Estado. Entendiendo que el título debe tener vinculación con las funciones y naturaleza del organismo en cuestión y experiencia laboral de dos años, como mínimo, en ejercicio de la profesión del título requerido.
Además, existen antecedentes de cursos que la acreditarían cómo “experta” para el cargo. Por ejemplo, la certificación de Nivel III del Programa de Educación Internacional de Flores de Bach y la participación en el Curso de Sanación Pránica del maestro Choa Kok Sui.
Los cartones dudosos
Ninguno de los certificados presentados por Aguilante Canales cumple con los requisitos para ser convalidado como título profesional, ni poseen cantidad de horas lectivas, pedagógicas o cronológicas que se establecen en las Bases Generales de la Administración del Estado, así como en el Estatuto Administrativo que rige los concursos públicos, ni tampoco son autorizados por el Ministerio de Educación, ya que los talleres y cursos no son validados como estudios superiores, y solo se acredita pre y post grado para estos casos.
Sin embargo, entre los cartones presentados por Aguilante hay siete talleres que acredita haber cursado satisfactoriamente y que levantan dudas. En los diplomas se puede constatar que son relativos a “Autoestima”, “Ansiedad y Depresión”, “Empoderamiento”, “Mediación Familiar”, “Activación de la Memoria”, “Patologías más frecuentes en el Adulto Mayor” y “Cuidados en el Paciente Postrado”.
La razón del cuestionamiento de estos diplomas, que fueron otorgados entre 2016 y 2017, es que son firmados todos por José Gómez Martínez, quien coloca su rúbrica al pie con la abreviatura DR, que alude al grado de doctor.
De hecho, al consultar al Servicio de Impuestos Internos, Gómez Martínez informa que entrega “servicios de médicos prestados de forma independiente”. Sin embargo, la Superintendencia de Salud informó que la única habilitación profesional que tiene es la de Psicólogo. Tampoco acreditaría el grado académico de doctor.
De acreditarse la falsedad de los documentos, eventualmente los responsables arriesgan penas descritas en el código penal.
