Luego de ocho años de investigación, este lunes inició el juicio oral por el caso SQM sobre financiamiento irregular de la política.
En instancia destacan figuras públicas como el ex senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Pablo Longueira y el ex candidato presidencial y líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez Ominami; y se está desarrollando en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago. Los delitos imputados son de cohecho, de carácter tributario, entre otros.
Antes de entrar a la sala ubicada en el Centro de Justicia de Santiago, Enríquez-Ominami dijo que, “objetivamente, son ocho años de tramitación, de impedir que ocurra el juicio. Pedían vacaciones, otra fiscalía dijo que no estaban los fiscales disponibles”.
“Por eso vengo -y por eso no voy a hablar mucho- a someterme a que un tercero imparcial tome la decisión. Tengo ganas de ir a juicio, no sé si hay mucha gente acusada que lo único que pide es juicio. Yo quiero juicio, juicio, juicio”, añadió.
“Quiero que comience para poder demostrar que todo esto ha sido un abuso, que tiene sesgo político, pero eso lo decidirán los jueces”, continuó.
Finalmente, el líder progresista afirmó que, a su juicio, “no existe un agente público más acosado y he ganado todo, causa tras causa. Hay que preguntarse por qué solo a este liderazgo, que era probablemente el más rupturista, me cayeron con esa cantidad de causas”.
A fines de abril, Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, mano derecha de Julio Ponce Lerou y una de las piezas claves del financiamiento irregular de la política, completó seis años de arresto domiciliario.
En 2015 fue formalizado por delitos tributarios. Tres años después, la Fiscalía incorporó el delito de soborno, debido al intercambio de correos con Pablo Longueira (UDI) durante la tramitación del proyecto de Royalty minero en 2010.
El Ministerio Público pidió entonces una pena total de nueve años y 88 días, más una multa que asciende a los 1.520 millones de pesos, equivalente a la mitad de los tributos eludidos por él en el caso SQM.
Se estima que su juicio se podría extender por cerca de un año, debido a que la Fiscalía espera presentar más de 14 mil documentos a modo de prueba, unos 650 testigos y medio centenar de peritajes.
Cristián Warner fue secretario general del Partido Progresista hasta el año 2012. Al año siguiente, fue la mano derecha de Marco Enríquez-Ominami durante su campaña presidencial. Sin embargo, esa aventura no salió muy bien.
En 2015, la Fiscalía lo formalizó por delitos tributarios. Entre las pruebas encontradas había un correo suyo a Patricio Contesse, agradeciéndole “enormemente su ayuda” de parte de ME-O, por un presunto aporte de 250 mil dólares, pagado en 12 cuotas.
