Por las mismas horas en que el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile informaba que la tasa de desocupación nacional llegó al 8,5% y que la de Magallanes alcanza el 5,8%, en La Moneda se festejaba la firma de un protocolo para la creación del Parque Nacional Cabo Froward de 126 mil hectáreas con el protagónico auspicio de la poderosa ONG norteamericana Fundación Rewilding de Kris Tompkins.
La misma que está detrás del Parque Nacional Patagonia y del proyecto de transformar todo el sur de Chile (y la Argentina) en un parque nacional en el que viva un mínimo de personas. Un Estado ecologista fanático sobre otro Estado que tuvo su primera Junta de Gobierno en 1810.
Entre ambos hechos trascendentes, uno nominal y el otro proyectivo, existe un correlato que a esta altura de los acontecimiento preocupa y mucho. Sobra decirlo, Chile es un país pequeño que al igual que Japón, Noruega, Islandia, Suecia, Irlanda, por poner ejemplos, necesita tener acceso a todos sus recursos naturales y de inteligencia poblacional, para tocar las puertas del desarrollo siempre tan esquivo.
Chile aun pertenece a ese incómodo grupo de “naciones en vía de desarrollo”, pero a lo largo de los años ha logrado despegarse de las cifras más criticas gracias a la iniciativa privada y un Estado relativamente ordenado.
Para arribar al siguiente casillero, Chile debe aplicarse al máximo en el aprovechamiento de su geografía y de su recurso humano.
Aunque sus exportaciones rondan los USD 95.000 millones, todavía está muy lejos de un país como Irlanda que informa USD 236.000 millones anuales y todavía más de los USD 285.000 millones que exporta Noruega.
Sabiendo esto, el gobierno de Gabriel Boric se ha sumado a los propósitos de ONGs internacionales que de modo unilateral vienen desde hace 30 años adquiriendo enormes fracciones de territorio para luego donarlas al Estado bajo estrictas condiciones de (no) uso.
Los números de desempleo son un reflejo de las fallas en las políticas económicas implementadas y de todo aquello que todavía nos queda por hacer en tanto cultura. Justamente porque nuestra tela es corta es que debemos aprender a usarla del modo más eficiente posible. Japón y Corea del Sur son una muestra acabada de esto.
“Junto al esfuerzo de nuestro gobierno este parque abarcará más de 120 mil hectáreas terrestres, lo que se traduce en un tesoro invaluable de la biodiversidad subantártica de nuestro país y el mundo entero”, dijo la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas, durante la firma del protocolo en La Moneda. “El futuro Parque Nacional Cabo Froward protegerá refugios vitales para especies emblemáticas como el huemul, el puma, el zorro colorado y el ciprés de las Guaitecas, así como ecosistemas relevantes de turberas y bosques nativos, cuya permanencia se está viendo amenazada por la pérdida de hábitat y el cambio climático”, agregó.
El proyecto de las ONGs y el gobierno nacional es que la región de Magallanes tenga el 90% de su geografía bajo el sello “protegido”. En otras palabras, un espacio cuasi virgen donde los propios chilenos no podrán ejercer ninguna autoridad y mucho menos vivir. Pudiendo ser Noruega la aspiración es alcanzar el 0 habitantes.
Chile es hoy objeto de una brutal disputa en donde colapsan la visión etnocentrista de un grupo de millonarios y sus ONGs, con ínfulas de pretender salvar al mundo de sí mismo, y la de un país pequeño aterrizado y que comprende el origen de sus necesidades. O lo venía haciendo.
En las últimas dos décadas Chile ha intentado, con suerte diversa, ampliar su base productiva a pesar de su falta de riqueza monetaria, sus índices todavía complejos de pobreza y lo estrecho de sus fronteras. No resultó fácil para la industria superar las barreras que impone la propia maquinaria del Estado y el engorroso pantano medioambiental que recorre un camino opuesto al que enseñaron los próceres nacionales.
Cuesta imaginar que Bernardo O´Higgins pronunció antes de morir “Magallanes, Magallanes” con la postrera idea de convertirla en un remoto futuro en un parque nacional donde no viviera nadie, en especial, los propios chilenos. Sin embargo, en esa dirección van las cosas. Las ONGs están aquí para discutir la soberanía nacional.
Las exportaciones tradicionales de cobre chilenas superan los USD 42.000 millones, pero rápidamente la salmonicultura y el litio están entregando más de USD 12.000 millones en conjunto.
Noruega exporta por más de USD 10.000 millones sólo en salmonicultura y algunos análisis han mencionado la posibilidad de que en 2050 su producción se quintuplique. Sus ingresos mayores provienen del petróleo y derivados.
Chile tiene en el horizonte, en el mediano y largo plazo, a la industria del hidrógeno verde con el propósito de convertir al país en uno de los mayores proveedores del planeta. Los alcances de la salmonicultura se encuentran hoy vedados ante una pared de juicios y burocracia que desalienta la inversión. En Magallanes en apenas 2000 hectáreas el sector produce tanto como para exportar por USD 650 millones anuales y sostener 7000 empleos. Una cifra que lo ubica como el máximo exportador de una región que vende por USD 1200 millones.
Para cumplir los sueños de crecimiento se necesita territorio, mar y un uso inteligente de los recursos naturales. Lo vienen demostrando Alemania, Estados Unidos y tantos otros países del Primer Mundo. Es justo lo que pretenden negar estas ONGs. ¿Propósitos? Hay variados. Algunas responden a competidores internacionales, otras a visiones mesiánicas delirantes por parte de mega millonarios, otras a intereses sectoriales extranjeros tanto políticos como económicos. El mapa requiere de un profundo análisis.
Lo cierto que tanto la minería, como el hidrógeno y la salmonicultura, industrias que podrían sentar las bases del desarrollo inmediato, están bajo el tiroteo constante de numerosas ONGs que imaginan una región distinta. En este paraíso natural sólo estarían autorizados a ingresar los millonarios que apuntalaron el proyecto y los turistas que puedan pagarse el viaje. Algo muy similar a lo que está sucediendo con el turismo espacial.
Todo ese territorio que las ONGs no están en condiciones de comprar se ha transformado en objeto de su obsesión. Esto explica que impulsen campañas para que pequeños grupos de comunidades se queden con el uso total de gigantescas porciones del país. El único propósito es convertir estas zonas en territorios que ya no estarán bajo la soberanía de Chile puesto que allí no se podrá hacer nada de nada.
Hace unas semanas en el marco de la Ley Lafkenche se discutió la entrega 621 mil hectáreas de mar a dos comunidades en Aysén con el aliento del propio gobierno que desde hace años ha venido conversando con ONGs que aspiraban a quitar del mapa productivo a la mitad de Aysén. Anularlo.
Estas organizaciones continúan operando para que el país y toda la Patagonia se convierta en un Parque Nacional hecho y administrado a su medida. Son las mismas ONGs que estuvieron detrás de la prohibición de la salmonicultura en Tierra del Fuego, Argentina. Las mismas que llevaron a la votación de Aysén y las mismas que se oponen a la llega del hidrógeno verde a Magallanes. Las mismas que rechazan la actividad ganadera en todo el sur. Más guanacos, menos gente, podría ser su eslogan.
El despoblamiento de los campos en Aysén es un hecho conocido y que en su momento denunció el diputado Miguel Angel Calisto.
Días atrás comenzaron las instancias de Participación Temprana para la elaboración del Reglamento de Áreas Protegidas en Punta Arenas y Osorno. Participaron funcionarios del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), del Ministerio del Medio Ambiente, representantes de comunidades Kawésqar, Yaganes y Selk’nam y, además, de WWF Chile y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, dos ONGs extranjeras.
“(…) el Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo de la organización de conservación WWF Chile y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), presentaron el propósito de la meta y los participantes identificaron oportunidades y también expresaron sus principales preocupaciones frente al proceso participativo y la protección de los ecosistemas que impulsa el proyecto global GEF-7”, indica un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente.
A la dependencia y menos a la ministra Rojas le hace ruido que dos organizaciones no chilenas que tienen su propia agenda participen de una reunión donde se discute, presuntamente, la utilización del territorio nacional.
“Nos encontramos en un punto crítico para atender la triple crisis, que es de cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Por eso, desde el plano nacional el desarrollo de estos encuentros nos ayuda a formular la implementación de planes estratégicos, como el asociado a la Meta 30×30 y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”, comentó Diego Flores, jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente.
De acuerdo al mismo parte de prensa: “La Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad, más conocida como 30×30 busca «garantizar y hacer posible que, para 2030, al menos un 30 % de las zonas terrestres y de aguas continentales y de las zonas marinas y costeras, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y gobernados equitativamente (…).
La sede de WWF está en Suiza, tiene oficinas en 80 países y tiene 2500 empleados. La GEF tiene su sede en Washington.
No está demás recordar, que más del 50% de Magallanes ya se encuentra protegido y que esta cifra podría incluso escalar al 90% si sostienen los proyectos del gobierno en este sentido.
