En los últimos meses, un escalofrío de alarma ha recorrido las aulas de Punta Arenas. Lo que antes parecían incidentes aislados, se ha convertido en un patrón preocupante de violencia que afecta a estudiantes, docentes y familias por igual. Los titulares de prensa y los videos virales de peleas en los pasillos o en los baños de los colegios no son el problema en sí mismo, sino la dolorosa punta de un iceberg. Esta violencia, que se manifiesta de forma física, psicológica e incluso digital, es el síntoma de una crisis cultural profunda que nos interpela a todos.

La tentación de encapsular el fenómeno como un simple “problema escolar” es grande, pero pecaríamos de ingenuos. La violencia que presenciamos en nuestros establecimientos educativos, desde los liceos más emblemáticos hasta los colegios más pequeños, es un reflejo de lo que sucede fuera de ellos. Los niños y jóvenes no son islas; son esponjas que absorben y reproducen los modelos de interacción que ven en sus hogares, en la televisión, en las redes sociales y en las calles. La naturalización de la violencia es, quizás, el factor más preocupante: frases como “son cosas de jóvenes” o “a nosotros también nos pasaba” no hacen más que blanquear un problema que está enraizado en la cultura de nuestra sociedad.

El análisis de esta problemática requiere una mirada más amplia, una que abarque todas las clases sociales y comprenda los múltiples detonantes. La brecha digital, por ejemplo, ha creado un nuevo campo de batalla. En Punta Arenas, como en muchas otras ciudades, el acceso masivo a smartphones ha traído consigo el flagelo del ciberacoso. Los grupos de WhatsApp se han vuelto escenarios de amenazas y humillaciones, y la filtración de fotos íntimas se ha convertido en una moneda de cambio cruel. Esta violencia digital no discrimina y afecta a jóvenes de todos los estratos socioeconómicos, a menudo agravada por la falta de educación digital tanto en los estudiantes como en sus padres, quienes se ven superados por una realidad tecnológica que no comprenden.

A esto se suma una crisis de autoridad que va mucho más allá de las paredes de un colegio. Hemos presenciado un debilitamiento de las figuras de autoridad en todos los ámbitos: familiar, docente y policial. Cuando en nuestros hogares los conflictos se resuelven a gritos, cuando en los debates públicos los líderes se insultan y cuando en las redes sociales el bullying se celebra, los jóvenes internalizan estos patrones. La violencia se convierte entonces en un mecanismo válido para la resolución de conflictos, y el respeto, en una moneda de poco valor.

Si bien la violencia escolar es un problema transversal, las manifestaciones varían según el contexto social. En los sectores más vulnerables de Punta Arenas, la violencia se entrelaza con la frustración que genera la desigualdad, el hacinamiento y, en muchos casos, el drama del alcoholismo y las drogas en el entorno familiar. En cambio, en los colegios privados y de élite, la violencia adopta un cariz más sutil pero igual de dañino: se manifiesta en forma de exclusión social, bullying clasista y una presión desmedida por el éxito académico que genera una angustia inmensa. En ambos casos, el denominador común es el profundo dolor que esta violencia genera en quienes la sufren.

Ante este panorama, la pregunta ya no es qué está pasando, sino qué debemos hacer. La respuesta no está en más castigos o en una disciplina militarizada, sino en una transformación cultural profunda, donde la construcción de una cultura de paz sea el objetivo primordial. Este camino debe ser recorrido por toda la sociedad, no solo por el sistema educativo. Es urgente que las escuelas y las familias trabajen de la mano para reconstruir la autoridad desde el respeto mutuo. Esto significa empoderar a los profesores con herramientas de mediación y manejo de crisis, así como capacitar a los padres a través de talleres que les enseñen a manejar los conflictos familiares de forma no violenta.

Asimismo, es crucial invertir en la creación de espacios de expresión juvenil. Punta Arenas, especialmente durante los largos inviernos, tiene una oferta limitada para los jóvenes. El aburrimiento y la falta de alternativas recreativas y culturales pueden ser el caldo de cultivo perfecto para la violencia. El municipio y el gobierno regional deben asumir un rol protagónico, invirtiendo en talleres artísticos, deportivos y en centros juveniles autogestionados que ofrezcan a los jóvenes un lugar seguro y constructivo donde canalizar su energía.

Finalmente, es imprescindible que la sociedad en su conjunto asuma un compromiso de tolerancia cero con la naturalización de la violencia. Debemos dejar de ver estos hechos como “cosas de niños” y empezar a comprender el daño real y duradero que infligen. La construcción de una cultura de paz exige un cambio de mentalidad, una asunción de responsabilidad colectiva. Familias, medios de comunicación, autoridades y ciudadanos de a pie debemos mirarnos al espejo y reconocer que el problema de nuestros jóvenes es, en realidad, el reflejo de nuestra propia sociedad. El verdadero desafío no es volver a un pasado autoritario, sino construir un futuro donde nuestros jóvenes no solo sean críticos, sino también empáticos.