Maisa Rojas y el plan para avanzar sobre 4 millones de hectáreas que incluyen actividades productivas
El Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por la ministra Maisa Rojas, está empujando una iniciativa para proteger 4 millones de hectáreas distribuidas en 99 sitios considerados prioritarios desde la biodiversidad, en el marco de la reciente promulgación de la Ley 21.600 o “Ley para la Naturaleza”.
Esta ofensiva ambiental, anunciada el 25 de octubre de 2025, busca regular estas zonas con mayores medidas de conservación, enmarcándose en la Ley para la Naturaleza y la meta global “30×30” de proteger al menos el 30% del territorio nacional para 2030.
Los sitios incluyen ecosistemas clave como humedales, bosques nativos y corredores biológicos, desde el río Clarillo en la Región Metropolitana hasta áreas en la Patagonia, con el fin de salvaguardar especies endémicas y combatir la pérdida de biodiversidad.
La ministra Rojas ha enfatizado la urgencia de esta medida: “Hemos demostrado transparencia en todo el proceso de consulta”, declaró Rojas durante una sesión en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados el 16 de octubre de 2025.
No obstante, la verdadera posición de la sociedad sobre este tipo de iniciativas no queda del todo saldada en las consultas que en otras oportunidades de han mostrado sesgadas o limitadas, según entienden trabajadores, empresarios y vecinos de las regiones comprometidas.
El plan permite la formalización de estas áreas como protegidas o paisajes de conservación, con resguardos regulatorios más estrictos. Esto representa un avance hacia un total de 350 sitios prioritarios totales, que abarcan más de 14 millones de hectáreas.
Sin embargo, la propuesta ha desatado una fuerte polémica entre sectores productivos. La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) criticó duramente el proceso, acusando falta de transparencia y posibles impactos en la inversión minera. “La decisión golpea la mesa de la pequeña minería”, señalaron desde el gremio, argumentando que sitios prioritarios superponen zonas de extracción, lo que podría restringir concesiones y elevar costos ambientales. En el sector inmobiliario, se teme una limitación a la expansión urbana en áreas adyacentes.
“Es un tema que nos preocupa, porque ha habido muchas cosas que se han aprobado por reglamento. Y creo que requiere de una discusión muy madura, una discusión que se haga con los pies en la tierra, requiere de un debate muy profundo”, agregó.
“Hay indicaciones en la Ley SBAP que impactan negativamente las concesiones vigentes para la salmonicultura tanto las indefinidas como a 25 años. Una de ellas, las prohíben. Esto generará un grave daño en todo el desarrollo de esta actividad productiva e impactará negativamente a las regiones de Los Lagos, Aysén, Magallanes y sus habitantes”, sostuvo tiempo atrás la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel.
La producción de alimentos y la salmonicultura también alzaron su reclamo. La industria salmonera, que representa el 2% del PIB nacional y es la segunda exportación tras la minería, advierte que el “protocolo medioambiental” afectaría concesiones existentes en reservas nacionales y forestales.
“Ratificamos la disposición a trabajar en la nueva Ley de Acuicultura. Como empresas productoras de salmón tenemos un compromiso con el resguardo del medioambiente y la biodiversidad y existe total disposición a avanzar en una alianza pública privada efectiva que permita impulsar y proyectar el desarrollo sostenible de la industria”, indicó Seguel.
La ministra Rojas ha respondido que “se puede trabajar en desarrollo económico y conservación”, proponiendo diálogos con gremios para equilibrar intereses, pero el sector productivo exige mayor predictibilidad regulatoria.
