SITONERS Y la Ley Lafkenche: instrumento de despojo marítimo
El sindicato de trabajadores marítimos y pesqueros chilenos, no indígena pero con asociados de origen étnico reconocido (SITONERS), ha denunciado en un extenso documento a la Ley Lafkenche como un verdadero instrumento de despojo marítimo.
Basados en el Art. 589 del Código Civil —que declara el mar adyacente y sus playas bienes nacionales de uso público—, afirman legitimidad activa para investigar, consultar y oponerse a cualquier amenaza sobre este patrimonio colectivo.
Ejemplifican con comités ciudadanos de Puerto Montt y Calbuco, que en más de 35 fallos judiciales (Cortes de Apelaciones, Suprema y Tribunal Constitucional) obtuvieron información pública sobre la industria salmonera, demostrando que cualquier chileno puede defender bienes nacionales.
La soberanía alimentaria chilena pende de un hilo: solo 600 mil hectáreas agrícolas sembradas (1,5 % de 45 millones disponibles, datos SINIA 2020-2021), mientras la Zona Económica Exclusiva (ZEE) ofrece 368 millones de hectáreas marinas reguladas, se detalla.
Sin embargo, cuatro parques marinos impulsados por ONGs transnacionales (Pew, Tompkins, etc.) ya excluyen pesca en 85 millones de hectáreas —más que todo el territorio nacional (78 millones)— bajo la excusa de “conservación”. En Juan Fernández, 26,2 millones de hectáreas sin pesca colindan con un área de múltiples usos bajo distinta jurisdicción, revelando incongruencias administrativas, continúa.
En Magallanes, dos solicitudes EMCPO suman 287 mil hectáreas: “Kawésqar: Última Esperanza” (275 mil ha, 2018) y “Tawokser” (12 mil ha, 2023). Involucran solo tres comunidades kawésqar con 42 personas (datos CONADI, marzo 2025), implicando hasta 6.900 ha por individuo —casi el doble de Punta Arenas (3.760 ha)—. Siete años sin informe de usos consuetudinarios de CONADI paralizan pesca, turismo y desarrollo. En Aysén, solicitudes por 620 mil ha fueron rechazadas tras idéntico congelamiento, indican.
SITONERS denuncia a ONGs financiadas por Rockefeller, Kennedy, Tompkins y Patagonia Inc. de buscar “ambientes prístinos” —es decir, sin personas—. Usan comunidades minoritarias para bloquear actividad productiva, generar desempleo y forzar migración.
La Ley 21.600 (SBAP, 2023) tipifica EMCPO como áreas protegidas concesionables y transferibles por 30 años. Ejemplo: la antigua Reserva Alacalufes (2,3 millones ha, 1969) se rebautizó Parque y Reserva Nacional Kawésqar (5,4 millones ha) con donación Tompkins de 26 mil ha; potencial ganancia: 206 veces la inversión si Rewilding gana licitación. El acuerdo BBNJ (firmado por Boric en ONU 2023, vigente enero 2026) transnacionaliza 30 % del territorio y maritorio bajo “gobernanza más allá de jurisdicción nacional”.
Post-rechazo constitucional 2022, instrumentos como Ley de Costas y planes de manejo (financiados por Pew) zonifican para privatizar. SITONERS advierte: estas solicitudes impracticables no son casuales; son el primer paso para desalojar trabajadores y entregar el mar chileno a intereses foráneos. Exigen transparencia, celeridad y defensa soberana.
