El año 2026 se proyecta como un período decisivo para la industria salmonicultora en Chile. Tras años marcados por incertidumbre regulatoria, judicialización de proyectos y falta de definiciones estratégicas, el sector observa con atención los primeros pasos del próximo gobierno, donde las certezas para la salmonicultura aparecen como uno de los temas cruciales.

Fuentes cercanas a la industria han apuntado en las últimas semanas a que el crecimiento no se decreta, se habilita. Y para habilitarlo se requiere certeza jurídica, reglas claras, plazos razonables en la tramitación ambiental y una mirada de desarrollo productivo que entienda el rol estratégico que cumple la salmonicultura en regiones australes como Magallanes, Aysén y Los Lagos, tanto en empleo como en encadenamientos productivos.

En ese contexto, los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast serán clave para evaluar si existe una voluntad real de destrabar proyectos, modernizar la institucionalidad ambiental y generar condiciones que permitan a la industria proyectarse de manera sostenible. La agenda corta debería apuntar precisamente a resolver nudos críticos inmediatos, sin esperar largas reformas estructurales que suelen diluirse en el tiempo.

Para Magallanes, donde la salmonicultura ha sido un pilar económico relevante, lo que ocurra en 2026 será determinante. No se trata solo de crecer, sino de dar señales concretas de que el Estado deja de ser un obstáculo y pasa a ser un facilitador del desarrollo, entendiendo que sin inversión, sin certezas y sin decisiones oportunas, no hay futuro productivo posible.

Kast y su mirada de la industria

Durante la campaña, Kast situó a la salmonicultura como un eje estratégico del desarrollo del sur de Chile, destacando su impacto en el empleo, encadenamientos productivos y exportaciones. En encuentros sectoriales como el Salmon Summit 2025 y en sus visitas a Magallanes, el candidato subrayó que se trata de una industria que “exporta más de 6.000 millones de dólares al año y genera más de 80.000 empleos”, cifras que —a su juicio— justifican un cambio profundo en la forma en que el Estado se relaciona con el sector.

Pero el principal compromiso de Kast con la salmonicultura apuntó durante este tiempo a una desregulación acelerada del sistema de permisos, al que ha calificado como un “sabotaje institucional”. Su diagnóstico es que la excesiva burocracia, especialmente en procesos como la relocalización de concesiones, ha frenado inversiones clave para regiones como Magallanes. El ejemplo más citado en su discurso es el de los más de 200 expedientes presentados en la última década, con apenas una aprobación.

A principios de noviembre, el Presidente electo hizo una fuerte defensa del sector salmonicultor, asegurando que esta industria ha inyectado dinamismo a una Región como Magallanes en donde la ganadería viene a la baja: “¿En qué estarían trabajando las personas que perdieron sus empleos en la ganadería o en la minería del carbón?”, cuestionó Kast, haciendo referencia al cierre de la Mina Invierno.

Según Kast, la salmonicultura podría alcanzar el 25% o incluso el 50% del PIB local, dada la creciente demanda mundial por proteínas. Y al mismo tiempo, apuntaba a que el desafío está en compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado ambiental. “Cuidemos el medio ambiente, pero respetemos también el bienestar de las personas. Se puede aumentar la producción de salmones sin dañar el entorno”.

Por otro lado, Kast ha planteado avanzar en una agenda de desburocratización que entregue certezas jurídicas a los inversionistas, modernice el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y reduzca los tiempos de tramitación sin debilitar los estándares ambientales. La promesa es clara: reglas más simples, plazos acotados y un Estado que deje de ser un obstáculo para la expansión productiva.

Redacción ZonaZero.cl