El Gobierno de Javier Milei avanzó con la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga, una decisión tomada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que se conoció en plena temporada alta de cruceros antárticos, cuando la terminal opera al límite de su capacidad. A esta altura, Ushuaia atraviesa una temporada récord, con más de 100.000 cruceristas y una agenda de arribos que se extiende hasta abril, con muelles en plena actividad y un flujo de barcos que parten y regresan desde la Antártida.

Según el organismo nacional, las inspecciones realizadas en los últimos meses detectaron irregularidades financieras, desvíos de fondos y un progresivo deterioro de la infraestructura portuaria, con consecuencias directas sobre la seguridad y la operatoria diaria. El cuadro, advirtieron, ponía en riesgo tanto a los trabajadores como a las embarcaciones que arriban a la ciudad más austral del país.

La decisión nacional desató una reacción inmediata en Tierra del Fuego, yel gobernador Gustavo Melella rechazó la intervención y cuestionó duramente sus fundamentos. A través de la red social X, sostuvo: “El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”.

El tono se endureció aún más desde la Dirección Provincial de Puertos, cuando su titular, Roberto Murcia, denunció que la intervención se apoya en “falsos pretextos técnicos” y la calificó como arbitraria y extorsiva. Al mismo tiempo, apuntó contra la resolución de la ANPyN por una contradicción central: primero suspende la habilitación de la terminal portuaria y luego deja sin efecto esa suspensión para no afectar la operatoria. Para el funcionario, esa secuencia revela que la amenaza de inhabilitación fue utilizada como mecanismo de presión para justificar la intervención.

Impactos cruzados para Magallanes

La decisión del gobierno de Javier Milei de intervenir el puerto de Ushuaia abre un escenario con efectos potenciales —positivos y negativos— para la región de Magallanes, dada la estrecha relación logística, turística y comercial que existe en el extremo austral.

Por una parte, una intervención que apunte a ordenar la gestión, transparentar concesiones o mejorar eficiencia podría generar mayor competencia portuaria en el Cono Sur. Esto, en el mediano plazo, podría empujar a Chile —y a Magallanes en particular— a acelerar inversiones en infraestructura portuaria, modernización de servicios y reducción de costos, especialmente en Punta Arenas, buscando captar recaladas, cargas y servicios hoy concentrados en Ushuaia.

Sin embargo, los riesgos no son menores. Si la intervención deriva en incertidumbre administrativa, paralización de proyectos o deterioro de servicios, Magallanes podría verse afectada indirectamente en áreas sensibles como el turismo antártico y de cruceros, donde Ushuaia cumple un rol clave como puerto base. Cualquier disrupción logística puede impactar flujos regionales, encarecer operaciones y tensionar la conectividad austral, que ya es frágil.

Además, la medida vuelve a poner en evidencia una debilidad estructural chilena, que apunta a la falta de una política portuaria robusta para el extremo sur. Mientras Argentina toma decisiones sobre su principal puerto austral, Magallanes sigue sin una estrategia clara que la posicione como alternativa real y competitiva.

En síntesis, la intervención del puerto de Ushuaia puede convertirse tanto en una amenaza como en una oportunidad para Magallanes. Todo dependerá de la capacidad regional y nacional de anticiparse, invertir y definir un proyecto portuario de largo plazo que deje de mirar el desarrollo austral como un asunto secundario.

Redacción ZonaZero.cl