La promesa original era clara: Compensar el aislamiento geográfico de la Región de Magallanes mediante beneficios tributarios que aliviaran el costo de vida de sus habitantes. Sin embargo, una revisión profunda del modelo de negocios actual de Zonuaustral (SRI) revela una realidad opuesta. Lo que nació como un beneficio social hoy opera como un “mall con disfraz”, donde las exenciones fiscales del Estado terminan en las arcas del concesionario y el Gobierno Regional (GORE), mientras el ciudadano paga precios iguales o superiores a los del mercado común.

La creencia popular dicta que, al estar exenta del 19% de IVA, la Zona Franca debería ofrecer productos significativamente más baratos. Los datos demuestran lo contrario.
El concesionario aplica tarifas y cobros a los locatarios que absorben, en promedio, el 28,4% del valor de las ventas. Dado que la carga impuesta por la administración supera con creces el beneficio tributario del 19%, el ahorro se anula antes de llegar a la góndola. El resultado es una diferencia neta de -9,4 puntos en contra del ciudadano.

La trampa del 28%: ¿Quién financia realmente los proyectos sociales?
Históricamente, se ha publicitado que el 28% de los ingresos de la Zona Franca que percibe el GORE se destina a infraestructura pública (hospitales y escuelas). No obstante, el análisis de la estructura de costos revela el origen real de esos fondos: El concesionario traslada el costo de este canon directamente a los operadores (locatarios). Los operadores, a su vez, lo traspasan al precio final. En consecuencia, es el magallánico quien financia los proyectos regionales cada vez que compra un kilo de arroz, aceite o carne. No es una “donación” de la empresa, es un impuesto encubierto pagado por el consumidor.

Uno de los puntos más críticos de esta investigación apunta al Decreto N°2/2023. Bajo este marco legal, el Gobernador Regional ocupa una posición dual que desdibuja la fiscalización: Es, simultáneamente, el regulador de la Zona Franca y el principal beneficiario del 28% de sus ingresos.

Esta configuración elimina los contrapesos necesarios. Al ser el mismo actor quien supervisa y quien recauda, el incentivo para reformar un sistema que encarece la vida en la región es prácticamente inexistente. Frente a todo lo anterior, se puede concluir que la actividad central de SRI/Zonaustral no es facilitar el comercio, sino el arrendamiento de espacios.

El modelo funciona en tres líneas:

El Gancho: El Estado provee la exención de IVA para atraer al público.

La Extracción: El concesionario cobra arriendos hasta 7,85 veces más caros que en la concesión anterior, sumado a un 2,2% sobre las ventas.

El Traspaso: El consumidor final absorbe el costo total.

Si bien estas prácticas operan dentro del marco legal vigente, el diseño actual es incompatible con el propósito social que le dio origen. La Zona Franca ha dejado de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un captador de tráfico masivo (más de 10 millones de visitas anuales) donde el beneficio fiscal es apropiado por el concesionario y el Estado regional, dejando al ciudadano en el último peldaño de la cadena.

Equipo Investigación ZonaZero.cl