Durante el último año, ZonaZero.cl ha insistido —con datos, análisis y opinión— en una idea incómoda para algunos actores y administradores, pero cada vez más evidente para muchos usuarios y comerciantes: La Zona Franca de Punta Arenas está atravesando un proceso de desdibujamiento de su esencia original. Un modelo que nació para compensar las desventajas de vivir en un territorio extremo y aislado, y que hoy parece cada vez más tensionado por lógicas de negocio difíciles de conciliar con su espíritu fundacional.

Ante estas publicaciones, hace unas semanas la Cámara Franca salió a desligarse del análisis realizado por este medio. Pero la realidad, como ha quedado de manifiesto, supera las reacciones defensivas. Hoy no es solo la prensa la que levanta la voz, sino también la propia Cámara Franca, con una mirada que han hecho pública y que, tal cual hemos profundizado permanentemente, alerta sobre distorsiones profundas en el funcionamiento del sistema franco.

El gremio ha advertido en los últimos días (y también en una nota del medio digital EP) que la presencia de ventas afectas a IVA dentro del recinto franco no se trata de una simple disputa comercial, sino de una tensión normativa e institucional que pone en riesgo el sentido económico y social original del régimen establecido por el DFL N.º 341 de 1977. Según la entidad, la Zona Franca fue concebida como una política pública diferenciada, con exenciones tributarias que compensan el aislamiento geográfico y permiten acceso a bienes con menor carga fiscal.

El problema, señalan, no es la existencia puntual de actividades con IVA, sino la ausencia de criterios claros, transparentes y homogéneos que definan cómo y cuándo estos regímenes pueden coexistir. Esta situación, tal cual hemos venido diciendo hace más de un año, genera confusión en consumidores y usuarios, que muchas veces no pueden distinguir si están comprando bajo régimen franco o bajo el régimen general con IVA. Además, advierten que el uso del recinto como plataforma inmobiliaria por sobre su finalidad original está desplazando los límites del sistema sin un debate público ni modificaciones legales claras.

“La distorsión no está en la existencia puntual de actividades con IVA, sino en la ausencia de reglas claras…”, señala el documento gremial, subrayando que la esencia del régimen depende precisamente de la exención del IVA y de que este beneficio no se diluya dentro de un espacio cada vez más híbrido. 

Más allá de comunicados defensivos, lo que hoy plantea la Cámara Franca es una coincidencia sorprendente con parte del diagnóstico que este medio ha venido publicando: la Zona Franca está perdiendo coherencia normativa, claridad para el usuario y, en consecuencia, legitimidad ante la ciudadanía.

Es propicio señalar que las autoridades no hacen absolutamente nada al respecto, y así como van las cosas seguir manteniendo esta supuesta “ayuda” a Magallanes no tiene sentido.

Al mismo tiempo, negar el diagnóstico no lo invalida. Al contrario, cuando las críticas surgen desde dentro del sistema, queda claro que existe un problema estructural que no se resuelve con comunicados ni desmarques públicos. La discusión no debe girar en torno a quién tiene o no razón, sino en cómo definir y resguardar el sentido original de una política pública clave para el desarrollo regional.

La Zona Franca no es, ni debería ser, un mall más ni un negocio inmobiliario disfrazado de beneficio fiscal. Tiene un propósito público claro: Reducir desventajas estructurales y promover desarrollo en un territorio extremo. Convertirla en un espacio híbrido, sin reglas claras ni resguardos, no solo daña su esencia, sino que abre la puerta a una degradación progresiva del régimen que, a largo plazo, terminará perjudicando a quienes originalmente debía beneficiar: Los habitantes de Magallanes.

La política del “aquí no pasa nada” ha demostrado ser un camino corto y peligroso. Si la discusión sobre la Zona Franca no se enfrenta con transparencia, diálogo y reformas normativas claras, el modelo corre el riesgo de convertirse en una contradicción viviente. Un régimen especial que, en la práctica, opera más como un negocio urbano común que como una herramienta efectiva de política pública.

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl