Condenan a Greenpeace a pagar 345 millones de dólares a un operador de un oleoducto en Estados Unidos
Finalmente, un juez de Dakota del Norte, Estados Unidos, confirmó el 27 de febrero de 2026 una condena que obliga a Greenpeace a pagar 345 millones de dólares en daños y perjuicios al operador del oleoducto Dakota Access Pipeline, la empresa Energy Transfer. Esta decisión finaliza una fase clave de un prolongado litigio que se remonta a las protestas masivas contra la construcción del oleoducto hace casi una década.
El operador había denunciado una campaña sucia, cargada de datos falsos y pretendía influir en la opinión pública contra una importante obra en Dakota del Norte.
El caso se originó en las manifestaciones de 2016, lideradas por la tribu Sioux de Standing Rock aunque apoyadas por grupos ecologistas, incluido Greenpeace. Los activistas denunciaban que el proyecto amenazaba lugares sagrados y fuentes de agua potable. Las protestas, que reunieron a miles de personas cerca de Cannon Ball, resultaron en cientos de detenciones y heridos, y terminaron con la finalización del oleoducto.
En su primera instanacia el jurado norteamericano la consideró a la poderosa ONG responsable de difamación y de obstaculizar el avance del oleoducto Dakota Access.
Energy Transfer acusó a Greenpeace de orquestar actos de violencia, difamación, allanamiento, conspiración y privación de acceso a la propiedad.
En marzo de 2025, un jurado encontró responsables a tres entidades de Greenpeace (Greenpeace International, Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc.) y otorgó inicialmente más de 660 millones de dólares en daños. El juez James Gion redujo esta cifra a 345 millones en octubre de 2025, al considerar que algunos daños se habían contado dos veces, y confirmó el monto final en febrero de 2026.
Greenpeace ha calificado el fallo como un intento de “intimidación” por parte de la industria fósil para silenciar a las organizaciones ambientales. Kristin Casper, asesora jurídica de Greenpeace Internacional, anunció que solicitarán un nuevo juicio y, de ser necesario, apelarán ante la Corte Suprema de Dakota del Norte, argumentando sólidos motivos para desestimar las demandas. Marco Simons, otro representante, enfatizó: “Denunciar a las corporaciones que causan daños al medio ambiente nunca debería considerarse ilegal”.
Greenpeace llegó a advertir que su propia existencia estaría en peligro de tener que pagar la mega cifra.
Expertos como Michael Gerrard, profesor de derecho en la Universidad de Columbia, han advertido que esta sentencia representa un golpe devastador no solo para Greenpeace —que podría enfrentar graves problemas financieros en EE.UU.— sino para todo el movimiento ambiental global, al disuadir futuras protestas y campañas contra proyectos contaminantes.
Energy Transfer, por su parte, buscaba disuadir acciones similares en el futuro, según sus abogados. El fallo incluye intereses del 11% desde la fecha del veredicto del jurado.
Hasta ahora ONGs militantes y radicalizadas podían inundar las redes con datos sesgados o directamente falsos sin que hubiera ninguna consecuencia. Sus manifestaciones públicas en rechazo a diversos proyectos empresariales tampoco habían tenido mayor repercusión en los tribunales del mundo. Eso empezó a cambiar con el dictamen norteamericano.
La sentencia puso en jaque no sólo el futuro de las protestas ilegales capaces de hacer caer una inversión y, en definitiva, una fuente laboral, sino la continuidad misma de una organización que nació como una grupo de paz para convertirse en un núcleo que emana decisiones políticas superadoras de las decisiones de los propios Estados.
La realidad es que el oleoducto que transporta el 5% de la producción petrolera de los Estados Unidos no atraviesa territorio de ninguna reserva sioux sino por el contrario, más de 98% le pertenece a privados y el restante es un área federal.
Por otro lado, en la misma área ya existen otras iniciativas similares y hasta hay torres de energía en el
