Balance de los primeros días del Gobierno de J.A. Kast [Por Miguel Sierpe Gallardo]
Durante los primeros días del mandato del presidente Kast, nos hemos esforzado por mantener la calma y realizar un análisis basado en información objetiva y veraz. Esta etapa inicial ha estado marcada por la implementación de la circular 12 del Ministerio de Hacienda, que introduce medidas de gran calado respecto al uso de los recursos públicos, el retiro de los decretos relacionados con el medio ambiente y el inicio de la zanja en el norte entre otras cosas.
El autodenominado Gobierno de emergencia ha comenzado a ejecutar acciones concretas, entre las que destaca la reducción de gastos en el aparato estatal. Los recortes anunciados superan los 3.000 millones de dólares, cifra que se suma a los 800 millones previamente comunicados. Según la circular firmada por el ministro Quiroz, quien ha asumido un rol determinante en este proceso, estas medidas de ajuste no serán temporales, sino permanentes.
Inicialmente, muchos consideramos que la estrategia de “Emergencia” del Gobierno tenía un carácter más simbólico, destinada a proyectar una imagen de austeridad y agilidad en la gestión. Sin embargo, pronto se evidencia que estas políticas suelen encubrir realidades más complejas, justificando la necesidad de mantener una austeridad constante bajo el argumento de la emergencia.
Es importante señalar que este enfoque, inevitablemente, desembocará en recortes sociales que acabarán afectando el gasto social.
La situación económica se ve agravada por el contexto internacional, marcado por la guerra y la inestabilidad, lo que anticipa un significativo encarecimiento de los combustibles. Así, la reducción de gastos también sirve para argumentar la necesidad de modificar el Mepco, mecanismo que podría conllevar un incremento de hasta el 40% en el precio de los combustibles en los próximos meses si persiste el conflicto bélico.
El Mepco, creado en 2014, es un instrumento orientado a atenuar las fluctuaciones bruscas de los precios internacionales de la gasolina, el diésel y el gas vehicular, ajustando el impuesto específico cada tres semanas. Según la Ley Nº 20.765, este mecanismo busca suavizar las subidas, actuando como subsidio cuando aumenta el petróleo y como incremento impositivo cuando baja.
Las consecuencias de una subida en los combustibles sobre el coste de la vida son previsibles, y aunque no soy economista, la experiencia reciente en países vecinos permite anticipar el impacto que esto tendrá en la sociedad.
Para ser objetivo no podemos omitir la crisis mundial generada por la guerra en la que participan Estados Unidos, Israel e Irán, involucrando a varias naciones de Oriente Medio. Por tanto, la crisis económica es un hecho innegable. Sin embargo, si se pretende que sólo los ciudadanos asuman el peso de esta crisis, surgen discrepancias respecto a las políticas adoptadas. Si el país se enfrenta a una situación tan grave, lo lógico sería revisar las decisiones de rebajar impuestos a los grandes consorcios, en lugar de limitarse a anunciar recortes de costes que afectan a la ciudadanía.
El país observa silente como se desarrollan los acontecimientos, muchos que colaboraron con su preferencia electoral, con esta administración permanecen en silencio, y cuidado que en regiones como la nuestra los recortes podrían comenzar a apuntar hacia blancos que ya han sido objeto de intentos para recortar dinero, por parte de otras administraciones, estos intentos podrían apuntar al subsidio del gas domiciliario, las leyes de excepción y otros muchos factores entran en juego. Ojalá me equivoque rotundamente en mis temores, pues lo mejor para quienes vivimos aquí sería no tener que confirmarlos.
Por Miguel Sierpe Gallardo, columnista
