Una creciente judicialización enfrenta el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, con más de 50 demandas laborales en curso, entre activas y en tramitación, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, según antecedentes revisados en el sistema del Poder Judicial.

Las acciones legales apuntan a materias sensibles: Vulneración de derechos fundamentales, despidos injustificados, prácticas antisindicales y tutelas laborales interpuestas por funcionarios y exfuncionarios del propio servicio. El volumen de causas no solo da cuenta de un conflicto laboral persistente, sino que instala dudas sobre la conducción administrativa en medio de una ya conocida crisis educativa regional.

Tutelas laborales desde el interior del servicio

Uno de los elementos más complejos del escenario es que parte de estas demandas provienen de trabajadores actualmente en funciones, quienes han recurrido a la vía judicial acusando vulneraciones de derechos por parte de la institución. Este tipo de acciones (las tutelas laborales) suelen estar vinculadas a garantías fundamentales, como integridad psíquica, no discriminación o libertad de trabajo, elevando el estándar de gravedad de los cuestionamientos.

El fenómeno no es aislado ni reciente. La acumulación de causas en distintos años sugiere un patrón más que episodios puntuales, configurando un frente judicial que crece en paralelo a los problemas operativos y de gestión que ya han afectado al sistema educativo público en Magallanes.

En este contexto, persisten las críticas por la situación del director del SLEP Magallanes, Mario García, quien pese a estar suspendido continúa percibiendo remuneraciones. El hecho ha generado cuestionamientos tanto por el costo fiscal como por la señal política que implica mantener pagos mientras se acumulan litigios laborales contra el servicio.

El impacto financiero de este escenario podría ser significativo. Las demandas laborales, especialmente aquellas por tutela de derechos fundamentales, suelen implicar eventuales indemnizaciones elevadas en caso de fallos adversos, además de costos asociados a defensa jurídica y desgaste institucional.

Crisis que se traslada a tribunales

Lo que comenzó como una crisis en las aulas, con paralizaciones, denuncias por infraestructura e insalubridad, hoy se consolida también en tribunales. El SLEP Magallanes no solo enfrenta el desafío de recomponer el funcionamiento del sistema educativo, sino también de responder a una ofensiva judicial que tensiona su legitimidad como empleador.

La magnitud de las causas abre una interrogante de fondo… Si el modelo de administración pública educativa, en su implementación local, está siendo capaz de garantizar condiciones laborales adecuadas o si, por el contrario, está reproduciendo conflictos que terminan externalizándose en tribunales.

Por ahora, la cifra de más de 50 demandas no es solo un dato, es un síntoma. Y en Magallanes, los síntomas ya no se pueden seguir ignorando.

Redacción ZonaZero.cl