Una nueva variación en el precio de los combustibles, que comenzará a regir este jueves, volvió a encender las alarmas en los gremios del transporte de carga a nivel nacional, en un contexto donde el diésel acumula presiones que el sector considera ya difíciles de sostener, no solo por el impacto directo en sus costos operacionales, sino también por las consecuencias que esto podría tener en la cadena de abastecimiento y, finalmente, en el costo de vida de la población.

Desde el rubro, advierten que el escenario podría escalar rápidamente si no se adoptan medidas que permitan redistribuir los costos dentro de la cadena logística, señalando que hoy los transportistas están operando en condiciones deficitarias. Afirman que las consecuencias se relacionan con la ruptura de la cadena de abastecimiento del país, que es la columna vertebral. Por cada kilómetro que recorren los camioneros dicen perder entre 250 y 300 pesos, y subrayan que la situación ya no es sostenible en el tiempo si no existe un ajuste por parte de las empresas generadoras de carga.

En esa línea, insisten en que el alza del diésel no puede seguir siendo absorbida exclusivamente por quienes transportan los productos, planteando que, de no existir un reconocimiento de estos mayores costos en las tarifas, el sistema completo comienza a tensionarse. En el sector señalan que es necesario que las empresas generadoras de carga asuman el mayor costo. De lo contrario, inevitablemente, la cadena de abastecimiento se va a romper. Una advertencia que, aunque sea de alcance nacional, adquiere características especialmente sensibles en regiones extremas.

En el caso de Magallanes, el impacto de este tipo de alzas no solo se siente con mayor rapidez, sino también con mayor profundidad, debido a las condiciones estructurales que definen su sistema de abastecimiento, marcado por la lejanía geográfica, la dependencia de rutas marítimas y terrestres de alto costo, y la ausencia de alternativas logísticas que permitan amortiguar variaciones bruscas en los precios de los combustibles, lo que deja a la región en una posición particularmente expuesta frente a escenarios de inestabilidad.

En términos concretos, un incremento sostenido del diésel repercute directamente en el transporte de alimentos, materiales de construcción, insumos básicos y otros bienes esenciales que llegan a la región desde el continente o desde el extranjero, lo que significa que cualquier alteración en los costos logísticos termina trasladándose, en mayor o menor medida, al consumidor final, generando un efecto dominó que presiona los precios locales y tensiona aún más el costo de vida en una de las zonas más caras del país.

A ello se suma el hecho de que los transportistas que operan en Magallanes ya vienen advirtiendo un escenario de creciente fragilidad económica, donde los márgenes de operación son cada vez más estrechos y donde factores adicionales como las condiciones climáticas, la estacionalidad y las complejidades propias de las rutas australes incrementan los costos de manera significativa, por lo que una nueva alza en el combustible no solo profundiza estas dificultades, sino que también abre la puerta a eventuales recargos, disminución en la frecuencia de los servicios o incluso paralizaciones parciales.

El riesgo de una “ruptura” en la cadena de abastecimiento, en este contexto, no necesariamente se traduce en un desabastecimiento inmediato, pero sí en una serie de distorsiones que pueden manifestarse en retrasos en la llegada de productos, encarecimiento progresivo de bienes y servicios, y una presión inflacionaria local que impacta directamente en los hogares, especialmente en aquellos con menor capacidad de absorción frente a estos cambios.

Este escenario vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de contar con mecanismos más eficaces de estabilización o subsidio, particularmente en zonas extremas como Magallanes, donde históricamente han existido políticas diferenciadas en materia energética, pero donde los gremios sostienen que los instrumentos actuales no logran amortiguar de manera suficiente las alzas en contextos de alta volatilidad, dejando abiertos cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para responder a este tipo de complejidades logísticas.

Por ahora, el llamado desde el sector transporte apunta a generar acuerdos que permitan equilibrar la carga de costos dentro de la cadena, sin embargo, si estos no se concretan en el corto plazo, el riesgo de mayores tensiones (incluyendo movilizaciones o interrupciones en el servicio) comienza a tomar forma, configurando un escenario complejo en el que regiones como la nuestra podrían enfrentar, una vez más, las consecuencias más severas de un problema que, aunque se origina a nivel nacional, termina golpeando con más fuerza en los territorios más aislados del país.

Redacción ZonaZero.cl