Una nueva arista judicial golpea a la institucionalidad regional. El Ministerio Público solicitó formalizar a José Miguel Horcos Guarachi, exsecretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, por su presunta participación en el delito de cohecho agravado.

La solicitud fue ingresada por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Punta Arenas, Sebastián González Morales, quien requirió al tribunal fijar una audiencia para formalizar la investigación en curso. Según el persecutor, los hechos se habrían producido en junio de 2023, cuando Horcos ya había retornado a sus funciones como funcionario de planta en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Magallanes.

De acuerdo con el requerimiento, el exseremi habría incurrido en una conducta tipificada en el artículo 248 bis del Código Penal, que sanciona a funcionarios públicos que soliciten o acepten beneficios económicos (para sí o terceros) a cambio de omitir acciones propias de su cargo. En este caso, la Fiscalía apunta a un eventual acto de corrupción en el ejercicio de funciones públicas, lo que configura la figura de cohecho agravado.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó la audiencia de formalización para el próximo 25 de mayo de 2026 a las 09:00 horas. En la misma resolución, se designó como defensor penal público a Ramón Bórquez Díaz y se instruyó la notificación personal del imputado.

Trayectoria y retorno al Serviu

Según antecedentes disponibles vía Transparencia, Horcos es ingeniero constructor y funcionario histórico del Serviu de Magallanes, donde ingresó en 1982. En marzo de 2018 asumió como seremi de Vivienda tras el inicio del segundo mandato de Piñera, cargo que ejerció hasta febrero de 2022.

Tras dejar la seremía, retornó a su cargo de planta en el servicio, donde continuó su carrera funcionaria con cambios de grado y funciones, desempeñándose actualmente como analista técnico en la Oficina de Gestión Territorial del Departamento Técnico del organismo.

La eventual formalización de un exseremi por cohecho agravado no es un hecho menor en una región donde las redes institucionales son estrechas y altamente interdependientes. El caso vuelve a tensionar la confianza en los organismos vinculados a la política habitacional, particularmente en el Serviu, entidad clave en la ejecución de proyectos de vivienda y desarrollo urbano en Magallanes.

Más allá de la responsabilidad individual, que deberá ser determinada en sede judicial, el episodio instala nuevamente el debate sobre los mecanismos de control interno, la fiscalización de funcionarios de carrera que transitan entre cargos políticos y técnicos, y los riesgos de captura o discrecionalidad en decisiones sensibles.

La audiencia del 25 de mayo será clave para conocer los detalles de la imputación y el sustento de la Fiscalía, en un caso que podría marcar un precedente relevante en materia de persecución de delitos funcionarios en la región.

Redacción ZonaZero.cl