Hay una forma de mentir que no requiere decir falsedades. Basta con omitir. Con no decir todo. Con presentar una parte de la verdad como si fuera el cuadro completo. Eso, en el ejercicio de una autoridad pública, no es un detalle menor. Es la diferencia entre la probidad y su simulacro.

Por ejemplo, si una autoridad nombrada a dedo (y bajo las repetitivas y cansadoras operaciones políticas) insiste en que fue absuelto, en que no hay denuncias en su contra. Que su gestión anterior fue normal y transparente. Lo anterior se vuelve un problema cuando los documentos dicen otra cosa.

Cuando los registros judiciales muestran condena y sanciones, no absolución. Cuando un correo oficial del organismo competente acredita que sí se instruyó una investigación sumaria y se adoptaron medidas de resguardo para el denunciante.

En esos casos, no hay ambigüedad posible. Los papeles desmienten cualquier versión, punto a punto.
Esto no es persecución. Esto es periodismo.

Y aquí aparece otro problema, tan grave como el primero. La tendencia cada vez más extendida de matar al mensajero en lugar de leer el mensaje. Cuando un medio publica documentos oficiales que contradicen lo que dice una autoridad, la reacción habitual de ciertos sectores es cuestionar al medio, hablar de colores políticos, insinuar agendas ocultas. Como si fiscalizar el uso de recursos del Estado y la conducta de quienes ejercen cargos públicos fuera un acto de parcialidad y no exactamente la función del periodismo.

Quienes reducen este oficio a trinchera ideológica revelan que nunca han entendido para qué sirve un medio frente al poder.

El escenario tiene además una capa que no puede ignorarse. El Presidente declaró hace apenas días que su gobierno será inflexible con quienes manejan en estado de ebriedad. No es un dato menor, es una señal política que el propio Ejecutivo lanzó al país. Mantener en funciones a alguien cuya condena por esa misma conducta está documentada no es solo una inconsistencia administrativa. Es una contradicción de comunicación que el gobierno le regala a sus críticos de forma completamente innecesaria.

Los mensajes también gobiernan, y este, hoy, está roto.

La delegada presidencial ha dicho que están evaluando los antecedentes, que no es lícito tomar decisiones apresuradas, que hay debido proceso. Todo eso es correcto en abstracto. Pero el tiempo también tiene un costo político. Cada día que pasa sin una definición es un día en que la imagen de la delegación se desgasta por una herida que no es suya de origen, pero que se vuelve suya por omisión.

Se puede terminar pagando el precio de un error ajeno, simplemente por tardar demasiado en resolverlo.
Porque al final, lo que está en juego no es la trayectoria de nadie, ni ideologías, ni convicciones personales. Lo que está en juego es algo más simple y más exigente. La capacidad de una autoridad de sostenerse cuando los hechos la desmienten. Y cuando eso falla, no hay cargo que alcance para tapar el problema, solo para prolongarlo.

En tiempos pasados, estas situaciones se resolvían en silencio, por lealtades y conveniencias. Al parecer hay quienes creen que esos tiempos no han cambiado del todo. Pero la ciudadanía, los documentos y los medios que hacen su trabajo están ahí para recordar que sí cambiaron. O debieron haberlo hecho.

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl