Desde 2020, el Estado chileno ha comprometido recursos públicos de proporciones difíciles de justificar para una industria que, al menos en Magallanes, acumula fracasos, retiros y suspensiones.
La magnitud del compromiso fiscal es llamativa. La directora ejecutiva del Comité de Hidrógeno Verde de Corfo reconoció en 2024 que el instrumento público ha permitido “adjudicar y/o comprometer US$75 millones para financiar e incentivar la inversión privada en la industria del hidrógeno en Chile”, de los cuales US$9 millones ya habían sido transferidos efectivamente a privados.

Eso es solo la punta del iceberg. En 2023, el gobierno lanzó un fondo de US$1.000 millones para el hidrógeno verde, financiado con préstamos del BID (US$400 millones), el Banco Mundial (US$150 millones), el banco alemán KfW (US$100 millones), el Banco Europeo de Inversiones, y recursos propios de Corfo por US$250 millones.

La operación es, cuando menos, peculiar. Corfo tomó préstamos internacionales por US$1.000 millones mientras al mismo tiempo traspasaba fondos al Fisco a solicitud del Ministerio de Hacienda, lo que generó cuestionamientos parlamentarios sobre la necesidad real de ese endeudamiento.
Adicionalmente, en 2024 se abrieron concursos para programas tecnológicos que implicarán subsidios públicos por $13.500 millones en cinco años, con la esperanza de que privados aporten otros $10.800 millones.

Y Corfo cofinancia hasta el 60% del costo total de programas de manufactura de componentes para la industria del hidrógeno, con subsidios de hasta $3.500 millones por proyecto.

El problema: los proyectos no existen o se caen
La pregunta obvia es qué queda de los proyectos que justificaron todo ese gasto. La respuesta es desalentadora. Un año después de la primera ronda de financiamiento de Corfo, que repartió US$50 millones entre seis proyectos, dos habían sido retirados del sistema de evaluación ambiental, tres no mostraban avances, y solo uno había sido aprobado. El proyecto “Faro del Sur” de Enel, que recibió el mayor monto (US$16,8 millones) terminó siendo desistido del SEA.

El panorama en Magallanes, región que fue presentada como el corazón de esta industria, es particularmente grave. EDF Power Solutions detuvo su proyecto Energía Verde Austral (EVA) en Cabo Negro, argumentando una revisión estratégica y una evolución más lenta del mercado. Por su parte, Hif Global también se retiró de la asociación gremial magallánica, dejando al gremio H2V Magallanes con solo cuatro socios.

El proyecto HNH solicitó suspensión temporal para responder a más de 360 nuevas observaciones ambientales, extendiendo su tramitación hasta 2026. El proyecto H2 Magallanes de TotalEnergies solicitó ampliar su pausa hasta 2027. La empresa española Ignis decidió frenar sus proyectos en Magallanes, terminando contratos de arriendo de más de 13 predios en Tierra del Fuego por problemas de rentabilidad.

La cronología del voluntarismo oficial
Para entender la magnitud del fracaso hay que recordar lo que se prometió. En 2021, el entonces ministro Juan Carlos Jobet anunció proyectos por más de US$15.000 millones, con más de 10.000 MW de electrólisis y producción de más de un millón de toneladas de hidrógeno verde al año para 2027. Hoy, 2026, ninguno de esos proyectos opera. Varios ni siquiera existen.

A su vez, H2 Chile integra el consejo consultivo del Comité de Corfo, donde ha encabezado acciones como la elaboración de ejercicios de priorización de aplicaciones del hidrógeno verde y el trabajo en regulación sectorial, junto a los ministerios de Energía y Economía. Es decir, la misma asociación que agrupa a las empresas beneficiarias también participa en definir las políticas y los instrumentos de apoyo.

Cuando Corfo adjudicó su primera convocatoria de financiamiento, 5 de los 6 proyectos seleccionados correspondían a empresas que eran socias de H2 Chile, algo que la propia gerenta general de la asociación celebró como “un verdadero hito”. Que el gremio se felicite públicamente por el hecho de que sus propios asociados concentren el financiamiento estatal debería encender alertas sobre conflictos de interés.

Lo más preocupante es lo que no se sabe. Los montos conocidos (US$75 millones comprometidos, US$9 millones transferidos, el fondo de US$1.000 millones) corresponden solo a los instrumentos directos de Corfo. No incluyen los recursos de los ministerios de Energía, Economía y Hacienda destinados a estudios, consultorías, misiones internacionales, horas profesionales, participación en foros globales ni el costo de la institucionalidad creada especialmente para esta industria (comités interministeriales, unidades técnicas, etc.). Tampoco hay información pública sistematizada sobre cuánto de lo transferido efectivamente se ejecutó, con qué resultados y quién rindió cuentas.

Los propios expertos del sector reconocen que incluso con proyectos en pie no se alcanzarían precios competitivos, y que los retiros responden a factores múltiples, como la burocracia del sistema de evaluación ambiental, la falta de infraestructura, y un mercado internacional que evoluciona mucho más lento que las proyecciones oficiales.

Frente a ese escenario, la pregunta que nadie en el gobierno responde con claridad es la siguiente: Si los privados internacionales (con su propio capital en juego) han concluido que los proyectos no son rentables y los han paralizado o abandonado, ¿por qué el Estado chileno sigue comprometiendo recursos públicos para sostener una apuesta que el mercado ya está descartando?

Los estudios se siguen encargando, las consultorías se siguen pagando, los comités se siguen reuniendo. Pero en Magallanes no hay ni un kilogramo de hidrógeno verde producido a escala industrial.

La impresión que queda es que el aparato público ha funcionado principalmente como reductor de riesgos para inversores privados que, cuando las condiciones no les convienen, simplemente se van. El Estado, en cambio, no puede irse a ninguna parte, y tampoco parece dispuesto a hacer un balance honesto de lo que ha gastado y para qué ha servido.

Equipo de Investigación