La investigación por el millonario fraude de subvenciones en Magallanes ha dado un vuelco clave. Tras la formalización del médico Alejandro Altamirano, representante de la Fundación Hernando de Magallanes, las miradas se posan ahora sobre las oficinas del Gobierno Regional (Gore). La pieza que faltaba en el puzzle parece ser Karena Espinoza, exdirectora del Cadi-UMAG, cuya declaración como “testigo clave” amenaza con exponer las irregularidades en la entrega de más de $927 millones mediante asignaciones directas.

La denuncia, impulsada originalmente por el diputado Alejandro Riquelme, apunta a una estructura de decisiones “exprés” que involucra directamente a tres figuras de peso. Primero aparace Jorge Flies (Gobernador Regional), quien firmó las resoluciones que aprobaron los millonarios traspasos, en algunos casos, el mismo día en que se solicitaban. Luego está Paola Fernández (Jefa de División Social), quien fue la encargada de visar y tramitar los convenios con una celeridad inusual, firmando documentos críticos para liberar los fondos. Y luego está también la figura de Eugenia Mansilla (ex encargada del Área Financiera), quien era en su momento la responsable de autorizar los pagos

La declaración de Karena Espinoza es devastadora para la defensa de la Fundación y compromete la fiscalización del Gore. Según la testigo, el Cadi entregó cotizaciones de mercado transparentes a la fundación para la compra de insumos, pero lo que la fundación finalmente cobró al Gobierno Regional fue otra historia.

La fiscalía ya acreditó sobreprecios de al menos $20 millones en materiales básicos. La gran interrogante que complica a Flies y su equipo es: ¿Por qué nadie en el Gore detectó que se estaba pagando de más por productos con precios de referencia conocidos?

Mientras la Contraloría ya calificó estos convenios como “altamente complejos” por la falta de fundamentos para entregarlos a dedo, el ambiente en el Gore es tenso.
Pese a los desmentidos oficiales, circulan reportes sobre la incautación de teléfonos celulares de altos directivos y del entorno del gobernador. La justicia fijó seis meses de investigación, un tiempo donde el testimonio de Espinoza y las pericias de la PDI podrían transformar a los hoy “testigos” en futuros imputados.

A medida que la investigación avanza, el cerco judicial parece estrecharse sobre el edificio de la Gobernación. El dato más reciente y perturbador para el oficialismo regional es la confirmación de que la Policía de Investigaciones (PDI) ya tendría en su poder los respaldos de comunicaciones de diversos funcionarios. Si las pericias en Santiago logran establecer una coordinación previa para favorecer a la Fundación Hernando de Magallanes, el escenario para Fernández, Mansilla y Flies pasará de la irregularidad administrativa al ámbito criminal.

Proyección Judicial: ¿Qué podría venir para las autoridades?
En términos jurídicos, la situación de los tres implicados podría escalar rápidamente bajo las siguientes figuras:

• Paola Fernández y Eugenia Mansilla: Al ser quienes firmaron y visaron los pagos con una rapidez que la Contraloría ya cuestionó, podrían enfrentar cargos por prevaricación administrativa o fraude al fisco por omisión, al no haber resguardado el patrimonio público frente a sobreprecios evidentes.
• Jorge Flies: Aunque el Gobernador ha intentado desmarcarse, su firma en los convenios de asignación directa lo deja en una posición vulnerable. La fiscalía podría apuntar a una responsabilidad de mando. Dependiendo cómo avance la justicia, no se descarta una formalización por malversación de caudales públicos.

Con el testimonio de Karena Espinoza ya en la carpeta investigativa, el Ministerio Público tiene el “puente” que une el gasto irregular de la fundación con la falta de control del Gore. Lo que comenzó como una auditoría de rutina está a un paso de convertirse en la formalización más mediática de los últimos años a nivel local, donde la cúpula del gobierno regional podría terminar compartiendo el mismo banquillo de los acusados que el médico Altamirano.

Redacción ZonaZero.cl