El ejercicio del periodismo de investigación tiene un norte claro e ineludible: La fiscalización de los poderes públicos y la garantía de que quienes ocupan cargos de representación popular actúen bajo los más altos estándares de probidad y transparencia. Cuando un medio de comunicación revela deudas de contribuciones de una autoridad, no está abriendo un flanco personal. Está ejerciendo un derecho y un deber democrático. Por eso, resulta no solo sorprendente, sino jurídicamente gravísimo, que la respuesta ante una investigación documentada sea el ataque artero, la injuria y la descalificación infundada.

En días recientes, a través de registros audiovisuales públicos, el diputado Alejandro Riquelme Ducci, ha optado por el camino de la distracción y la calumnia en lugar de la rendición de cuentas. En sus declaraciones, el parlamentario acusa de forma irresponsable que la labor periodística de este director y del equipo de ZonaZero está “financiada o pagada” por el gobernador regional, Jorge Flies, mediante fundaciones. Esta afirmación no solo es completamente falsa, sino que reviste una gravedad jurídica evidente al imputar un delito inexistente con el único fin de enlodar la credibilidad de un medio independiente, y claramente de este periodista.

Es imperativo recordarle al legislador (y a la opinión pública) cuál es el marco ético y legal que rige nuestras funciones:

El sueldo de la fiscalización: El diputado argumenta, en un confuso intento de deslegitimación, que “a nosotros nos pagan el sueldo”. Le recordamos que el sueldo de los periodistas de este medio proviene del trabajo privado e independiente. Quien sí es un funcionario público, cuyo salario es financiado de manera íntegra por los impuestos de todos los chilenos, es él. Por lo tanto, es él quien está sujeto al escrutinio público, a las leyes de transparencia y al dictamen de la ciudadanía.

La obligación legal y moral de transparentar: Un diputado de la República tiene un deber no solo ético, sino jurídico, de mantener una conducta funcionaria intachable. El impago de contribuciones y la falta de regularización de sus obligaciones tributarias es un asunto de interés público. Victimizarse o atacar al mensajero no borra los registros financieros ni las deudas pendientes que, hasta el día de hoy, el parlamentario no ha transparentado ni aclarado formalmente.

El periodismo no se amedrenta: Atribuir complicidades delictivas o financiamientos espurios con el Gobierno Regional o fundaciones es una calumnia que busca amedrentar. El periodismo de ZonaZero se sostiene sobre la base de la verificación documental, el cruce de datos oficiales y el apego irrestricto a los hechos. Si existen deudas, es obligación del medio publicarlas; si el afectado es una autoridad, es su obligación responder con comprobantes y claridad, no con infamias.

La complicidad del micrófono abierto
A esta estrategia de desinformación se suma, lamentablemente, la preocupante falta de prolijidad profesional de medios de comunicación locales que, como Radio Polar, prestan sus plataformas para amplificar la difamación sin el más mínimo filtro ni contraposición editorial. Permitir que los micrófonos se transformen en un buzón de ataques arteros contra medios y periodistas colegas no es “libertad de expresión”; es una alarmante negligencia periodística. La responsabilidad final de esta preocupante degradación del debate público no recae solo en quien emite la injuria, sino de manera directa en los propietarios y la dirección de dicho medio, quienes de forma constante permiten que se caiga en esa falta de pulcritud profesional, validando el hostigamiento a la prensa independiente en lugar de exigirle a la autoridad la altura y la documentación que su cargo amerita.

Una duda legal y de transparencia de fondo
Por último, el propio parlamentario ha declarado textualmente en la disertación expuesta en los estudios de Radio Polar que mantiene un litigio judicial contra el Fisco que se extiende ya por siete años. Ante esto, la pregunta que surge por estricta transparencia y probidad es obvia: ¿Es legal y éticamente sostenible que un diputado de la República, cuya función principal es legislar y resguardar los intereses de la nación, ejerza su cargo mientras mantiene juicios vigentes en contra del propio Estado al que representa?

A lo menos, la ciudadanía y las instituciones tienen el derecho (y el deber) de cuestionarse si existe un conflicto de interés incompatible con la investidura parlamentaria. El país y la Región de Magallanes exigen claridad respecto a si un legislador puede fiscalizar con una mano mientras con la otra litiga contra el erario público.

La difamación y la injuria son los recursos de quienes se quedan sin argumentos institucionales para defender lo indefendible. Como director de este medio, pongo a disposición la total transparencia de nuestra línea editorial y financiera, e insto al parlamentario a hacer exactamente lo mismo con sus deudas impositivas, o ingresos con empresas privadas de su propiedad durante su gestión de consejero regional.

Las instituciones de la región de Magallanes y el país exigen autoridades a la altura de su cargo. Emplazamos al diputado a que deje de desviar la atención con bajezas comunicacionales y responda ante la ley y la ciudadanía por los hechos denunciados.

Y nuestro periodismo seguirá fiscalizando, le incomode a quien le incomode.

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director de ZonaZero.cl