Faltan cuatro años para que expire el actual contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas (con fecha de defunción firmada para agosto de 2030), pero los movimientos en los pasillos del poder regional y central ya comenzaron. Bajo el elegante rótulo de una “futura licitación”, el Gobierno Regional de Magallanes ha salido a anunciar el inicio de tratativas con la Subsecretaría de Hacienda. ¿La gran promesa? Incluir de forma expresa la prestación de servicios médicos y de salud en el próximo contrato.

Mirado superficialmente, el anuncio del administrador regional subrogante, Pedro Ossandón, sobre la inauguración de un nuevo centro médico suena a música para los oídos de una comunidad magallánica crónicamente postergada en materia sanitaria. Sin embargo, para quienes miran el panorama completo, la movida podría ser tomada como una “distracción” frente a las deudas históricas de la actual administración.

El contrato vigente ha estado históricamente amarrado a las cadenas logísticas, de productos y mercancías. Es decir, bajo la actual administración de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), el recinto terminó transformándose mucho más en un centro comercial tradicional (un “mall” con franquicia) que en el motor de soberanía, desarrollo estratégico y alivio al costo de la vida para el cual fue creada la franquicia en 1977.

Nadie niega el impacto social ni el origen noble de la Ley de Zona Franca. Ser el escudo económico de los habitantes del extremo sur, garantizando el acceso a bienes exentos de aranceles en una región aislada. Pero la gestión real de los últimos años ha dejado un sabor amargo en la ciudadanía, que ve cómo el espacio se abarrota de tiendas de retail mientras el verdadero espíritu de beneficio directo a los magallánicos parece diluirse en el cemento de los estacionamientos.

Ahora, ante el inminente proceso de licitación, el Consejo Regional parece haber despertado de un largo letargo. El consejero Arturo Díaz solicitó un listado completo de usuarios y clientes de la concesionaria, una fiscalización oportuna, pero que llega tarde, justo cuando la comisión creada para analizar las futuras bases ya está operando y cuando el modelo actual se encuentra en su fase terminal.

Desde la vereda de la empresa, el gerente general de SRI, Eugenio Prieto, adoptó un tono de aparente docilidad institucional, asegurando que se someterán al proceso licitatorio “con normalidad” y bajo las directrices de las autoridades locales y nacionales. No obstante, sus declaraciones dejaron en claro dónde está puesto el verdadero foco del holding privado en los años que restan de contrato: El negocio inmobiliario.

Prieto detalló con orgullo los planes de expansión inmediata, que incluyen 7 nuevos locales comerciales próximos a habilitarse, 28.000 metros cuadrados urbanizados disponibles para nuevas construcciones y otros 8.000 metros cuadrados ya comprometidos para “nuevos servicios”. “Nuestro único compromiso es continuar otorgando nuevas ofertas y más acceso para la comunidad en lo que nos queda de contrato”, subrayó el ejecutivo.

Una frase políticamente correcta que, traducida al magallánico puro, confirma que la concesionaria seguirá estirando el chicle de la rentabilidad comercial hasta el último minuto, dejando la resolución de los problemas de fondo en manos del próximo ciclo.

La licitación del nuevo contrato es un proceso complejo que involucra tanto al nivel regional como al Ministerio de Hacienda, este último con la última palabra sobre las bases y condiciones. Es urgente entender que la incorporación de la salud en la Zona Franca no puede ser un mero “parche” estético para validar un modelo de negocios privado que desplaza el verdadero rol social de la franquicia. Si las autoridades de Magallanes realmente quieren honrar el origen histórico de la herramienta (pensada para hacer soberanía y abaratar el costo de vida en la Patagonia) no basta con colgarle un letrero que diga “Centro Médico” al recinto.

El desafío de la nueva licitación no es solo diversificar servicios; es arrebatarle la Zona Franca al criterio meramente inmobiliario y devolvérsela a la comunidad. De lo contrario, seguiremos teniendo un gran centro de consumo privado con beneficios arancelarios que no siempre se reflejan en el bolsillo del ciudadano de a pie, disfrazado ahora con un estetoscopio para calmar las críticas.

Redacción ZonaZero.cl