El Director Regional (S) del servicio, Omar González Asenjo, derivó al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado antecedentes sobre dos casos de reemplazo de beneficiarios que, según los documentos oficiales, habrían favorecido a la conviviente del diputado en ejercicio Alejandro Riquelme, y a la del exdirector del propio SERVIU, Dubalio Pérez. La denuncia instala nuevas dudas sobre la probidad en la asignación de viviendas sociales en Magallanes.

Un caso que comenzó como una alerta interna de funcionarios del propio servicio terminó en manos de la Fiscalía Regional de Magallanes y del Consejo de Defensa del Estado. El SERVIU Magallanes puso en manos de la justicia una denuncia formal que expone un presunto esquema de irregularidades en la asignación de viviendas del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el Decreto Supremo N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, beneficio reservado exclusivamente para familias del 40% más vulnerable de la población.

Los documentos oficiales que respaldan la denuncia vinculan los casos al actual diputado de la República y exconsejero regional Alejandro Riquelme Ducci, y al exdirector del SERVIU Magallanes, Dubalio Pérez Ruiz.

Según consta en el Oficio Ordinario N°64 de fecha 8 de mayo de 2026, suscrito por el Director Regional (S) Omar González Asenjo y recibido ese mismo día por la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (a cargo del Fiscal Regional Cristian Crisosto Riffo), se señala que el servicio actuó en cumplimiento del artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal, que obliga a los funcionarios públicos a denunciar hechos que pudieren revestir carácter de delito.

Cuatro días después, el 12 de mayo de 2026, el mismo director derivó los antecedentes al Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Punta Arenas, Claudio Benavides Castillo, mediante el Oficio Ordinario N°68, solicitando evaluar las presentaciones que se estimasen procedentes.

El mismo 7 de mayo de 2026, González Asenjo instruyó mediante Resolución Exenta la apertura de un sumario administrativo interno, designando como fiscal a la Contralora Interna del servicio, Ana María Llach Salgado.

El mecanismo que describe la denuncia

El Oficio N°64 explica detalladamente que el programa D.S. 49 contempla, excepcionalmente, que cuando un beneficiario renuncia o es excluido de un proyecto habitacional, la Entidad Patrocinante puede solicitar por escrito al SERVIU su reemplazo por otro postulante hábil, conforme al artículo 57 inciso segundo del reglamento.

Lo que describe la denuncia, en cambio, es una inversión de ese procedimiento. Según los antecedentes reunidos y presentados en el escrito, habría sido la propia Jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del SERVIU de la época, Jacqueline Lleucún Uribe, quien proponía directamente a las personas específicas que serían incorporadas como beneficiarias. También afirma la denuncia que la Entidad Patrocinante (Inmobiliaria SALFA Austral Ltda.) formalizaba luego la solicitud con el nombre ya sugerido por la funcionaria. Y la misma Lleucún Uribe dictaba la resolución exenta que materializaba el reemplazo.

El Oficio N°64 además señala que esta forma de proceder “se aparta de los parámetros objetivos y equitativos que deben aplicarse” para cumplir con el objeto del programa habitacional, y que los antecedentes dan cuenta de “patrones u hechos que pudiesen revestir carácter de delito por estar potencialmente beneficiando a terceras personas”.

La denuncia identifica al menos dos casos con elementos coincidentes: Ambos corresponden a reemplazos tramitados y formalizados por la misma Jefa de Operaciones Habitacionales, ambos cuentan con acto administrativo formal suscrito por ella, y en ambos casos las beneficiarias estarían vinculadas afectivamente a personas que ejercían o habían ejercido cargos públicos relevantes en la región.

Caso 1: Susan Chicuy Godoy, el diputado Riquelme y las sociedades con el Estado

Según consta en la denuncia, Susan Liliana Chicuy Godoy fue incorporada al proyecto habitacional “Estepa Austral I” mediante la Resolución Exenta N°1117 de fecha 7 de julio de 2022, suscrita por la Jefa de Operaciones Habitacionales de ese momento.

Los antecedentes reunidos por el SERVIU apuntan a un vínculo que, de haber sido declarado, habría impedido el acceso al beneficio. Según la propia denuncia, Chicuy Godoy mantiene una relación de convivencia con Alejandro Riquelme Ducci, quien al momento de la postulación ejercía como Consejero Regional de Magallanes y actualmente es Diputado de la República. Este vínculo queda acreditado, según señala el Oficio N°64, a través de la sentencia dictada en la causa Rit 1100-2023 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, de fecha 10 de mayo de 2025, donde la propia Chicuy Godoy declaró en audiencia mantener una relación de pareja con Riquelme Ducci por 18 años y tener tres hijos en común con él.

La denuncia cruza ese vínculo con antecedentes patrimoniales concretos. De acuerdo con el Oficio N°64, Chicuy Godoy y el diputado Riquelme habrían sido socios en tres empresas: Magallania Capacitación Limitada (RUT 76.801.150-8), Magallania Asesorías Limitada (RUT 76.801.210-5) y Magallania SpA (RUT 76.984.795-2). La primera de ellas registraría, según antecedentes de Mercado Público acompañados a la denuncia, órdenes de compra con organismos estatales (entre ellos SERCOTEC, SERNAMEG y municipalidades) por un total bruto de $1.096.965.532 pesos entre 2007 y 2025. En el período 2022–2025, las órdenes ascenderían a $245.640.000 pesos. Solo en 2022, año en que se formalizó el reemplazo habitacional, las órdenes de compra alcanzaron los $24.060.000 pesos.

La denuncia identifica además una inconsistencia de domicilio que queda en entredicho al cruzar los antecedentes. Para postular al subsidio del D.S. 49, Chicuy Godoy habría declarado residir en el sector de Agua Fresca. No obstante, para una postulación anterior bajo el D.S. 1 de Vivienda y Urbanismo (en el mismo año 2022), habría declarado como domicilio el inmueble de calle Mejicana, dirección que coincide con la propiedad del diputado Riquelme y con el domicilio registrado en los estatutos de las sociedades compartidas.

El Oficio N°64 concluye respecto de este caso que la información entregada por la beneficiaria “la situara con un déficit habitacional alto, hacinamiento, y con un núcleo familiar que sería diferente, ya que habría omitido a su pareja y padre de sus hijos”. Y agrega que, de haber declarado la información en forma fidedigna, Chicuy Godoy “no habría podido obtener el subsidio por no estar dentro de la población más vulnerable del país, a la luz de sus ingresos reales y por ser dueño su pareja de uno o más inmuebles”.

La vivienda fue entregada materialmente en diciembre de 2023, según señala la denuncia.

Caso 2: Julia López y el ex director del Serviu

El segundo caso documentado en la denuncia corresponde a Julia López, incorporada al proyecto habitacional “Loteo Lomas del Bosque 3” mediante la Resolución Exenta N°614 de fecha 19 de abril de 2022, también suscrita por Lleucún Uribe.

Según consta en el Oficio N°64, López habría mantenido una relación de convivencia con Dubalio Pérez Ruiz, quien se desempeñó como director del SERVIU Magallanes y Antártica Chilena entre abril de 2019 y el 1 de marzo de 2022. La denuncia acredita la relación a través de dos hijos en común. El SERVIU consigna que el nacimiento del primer hijo es anterior a la asignación del subsidio, y que la existencia del segundo hijo respecto de la fecha de nacimiento “constituye un antecedente importante a tener presente en cuanto a la relación de pareja de la beneficiaria y la exautoridad”.

El oficio señala además que, al momento de postular, López registraba el mismo domicilio que el exdirector Pérez Ruiz, en la calle Cosme Crema Maisto de Punta Arenas. Junto con la temporalidad del nacimiento de los hijos, el SERVIU concluye que estos antecedentes “hacen presumir que al momento de la postulación esta situación se mantenía invariable”.

Al igual que en el caso anterior, la denuncia concluye que, de haberse declarado la situación familiar y patrimonial real (incluyendo los ingresos del conviviente y la eventual propiedad de este), López “no habría podido obtener el subsidio por no estar dentro de la población más vulnerable del país”.

La denuncia señala que en este caso también se habría recurrido al mismo mecanismo de reemplazo para la obtención de la vivienda, y que la beneficiaria habría omitido declarar a su pareja para efectos de la postulación.

El origen: Una alerta interna que llegó hasta la Fiscalía

Según los antecedentes textuales del Oficio N°64, el proceso tuvo dos orígenes formales: Una denuncia presentada el 5 de mayo de 2026 por Vanessa Higuera, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Vivienda y Urbanismo, y una denuncia presentada el 4 de mayo de 2026 por Isabel Ojeda Saldivia, actual Jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del SERVIU Magallanes.

Ambas denuncias fueron la base sobre la cual el Director Regional (S) Omar González Asenjo construyó el Oficio N°64 y activó en paralelo dos vías: La administrativa (con el sumario interno a cargo de Ana María Llach Salgado) y la penal (con la denuncia formal ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado).

El propio Oficio N°64 da cuenta de la gravedad con que el servicio evalúa los antecedentes: “Resulta difícil explicar que se haya beneficiado a alguien relacionado directamente a una autoridad y no a otra persona con una mayor urgencia habitacional”, señala el documento, añadiendo que cualquier inconsistencia u omisión en la declaración del Registro Social de Hogares “tiene como resultado dejar fuera o esperando a una familia que realmente lo necesita”.

Lo que viene

Con los antecedentes ya en poder de la Fiscalía Regional de Magallanes (a cargo del Fiscal Regional Cristian Crisosto Riffo) y del Consejo de Defensa del Estado, será la justicia quien determine si los hechos descritos configuran delitos y quiénes son sus responsables.

Lo que los documentos ya establecen es que el propio Estado, a través de su servicio habitacional en la región, consideró que los antecedentes reunidos eran suficientemente graves como para activar todas las vías disponibles, la administrativa, la penal y la civil.

Documentos que respaldan este reportaje:

— Resolución Exenta de fecha 07 de mayo de 2026, SERVIU Magallanes, que ordena sumario administrativo y designa fiscal interna.
— Oficio Ordinario N°64 de fecha 08 de mayo de 2026, del Director Regional (S) SERVIU Magallanes al Fiscal Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Cristian Crisosto Riffo.
— Oficio Ordinario N°68 de fecha 12 de mayo de 2026, del Director Regional (S) SERVIU Magallanes al Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Claudio Benavides Castillo.
— Resolución Exenta N°1117 de fecha 07 de julio de 2022, que formaliza el reemplazo de Susan Chicuy Godoy en el proyecto Estepa Austral I.
— Resolución Exenta N°614 de fecha 19 de abril de 2022, que formaliza el reemplazo de Julia López en el proyecto Loteo Lomas del Bosque 3.
— Copia de sentencia Rit 1100-2023, Juzgado de Garantía de Punta Arenas, de fecha 10 de mayo de 2025.
— Antecedentes de Mercado Público, órdenes de compra Magallania Capacitación Limitada (RUT 76.801.150-8), período 2007–2025.
— Estatutos societarios Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA.

Equipo de Investigación Periodística de ZonaZero.cl