Alejandro Riquelme Ducci también es socio y administrador de Magallania Capacitación Limitada, RUT 76.801.150-8, una empresa con domicilio en calle Mejicana 916 de Punta Arenas que acumula 159 licitaciones adjudicadas en el sistema de Mercado Público y que recibió, solo entre 2020 y 2025 y únicamente de SERCOTEC, transferencias y órdenes de compra por un total de $2.412.109.199, según registros públicos disponibles en el portal del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, según consta en su declaración de intereses presentada ante el Servel el 19 de agosto de 2025, Riquelme Ducci no incluye a Magallania Capacitación Limitada entre sus vínculos societarios. En cambio, consigna participación en Magallania SpA, RUT 76.984.795-2, sociedad distinta que no registra contratos con el Estado. La omisión es verificable: los documentos oficiales que acreditan los contratos identifican a Riquelme Ducci, con su cédula de identidad, como representante legal de la empresa contratante.

El primer contrato relevante que dan cuenta los documentos revisados data de mayo de 2018. Mediante Resolución Exenta N°058/XII, de fecha 24 de mayo de 2018, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Dirección Regional de Magallanes, aprobó el Contrato de Ejecución ID 1893-5-LQ18, suscrito con Magallania Capacitación Limitada por un monto total de $185.900.000, para la ejecución del Programa de Apoyo a Emprendimientos y Microempresas de Mujeres en la Provincia de Magallanes. Mediante Resolución Exenta N°059/XII de la misma fecha, se aprobó el Contrato ID 1893-6-LQ18 por $115.900.000, para la Provincia de Última Esperanza. En ambos contratos, suscritos el 22 de mayo de 2018, figuran como representantes legales de Magallania Capacitación Limitada tanto Alejandro Gabriel Riquelme Ducci como Susan Liliana Chicuy Godoy.

El financiamiento de ambos contratos provino del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, Código BIP 30365722-0, transferido por el Gobierno Regional de Magallanes al SERNAMEG mediante convenio aprobado en agosto de 2016.

En 2023 el patrón se repite. Mediante Resolución Exenta N°032, de fecha 9 de marzo de 2023, la Directora Regional de SERNAMEG Magallanes, Fabiola García Pinto, adjudicó la Licitación Pública ID 1893-3-LQ23 en su totalidad a Magallania Capacitación Limitada, RUT 76.801.150-8, por un monto de $174.930.000, correspondiente a las siete líneas del Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de la Autonomía Económica de las Mujeres de la Región de Magallanes. Según consta en el Acta del Comité de Admisibilidad, Evaluación y Selección de fecha 9 de marzo de 2023, Magallania obtuvo el mayor puntaje en todas las líneas del proceso: 92,1 puntos en la Línea 1 de Gestión de Emprendimientos de Punta Arenas, 91,0 en la Línea 2 de Puerto Williams, y entre 70,9 y 77,1 en las líneas restantes. Uno de los factores que le otorgó puntaje máximo fue el de Comportamiento Contractual Anterior, al no registrar multas ni cobros de garantías en los cinco años precedentes. Los recursos de esta licitación también provienen del FNDR, Código BIP 40006371-0, aprobado por el Consejo Regional de Magallanes.

La relación de Magallania Capacitación con SERCOTEC suma otro capítulo. Según consta en las Órdenes de Compra N°869-8-SE22, de fecha 5 de julio de 2022, y N°869-9-SE22, de fecha 11 de mayo de 2022, ambas emitidas por el Servicio de Cooperación Técnica, Dirección Regional de Magallanes, RUT 82.174.900-K, Magallania Capacitación Limitada recibió pagos por $19.990.000 y $4.070.000 respectivamente, en el marco de contratos de atención integral a la ciudadanía a través del Punto MIPE de la región. Ambas órdenes de compra figuran como aceptadas en el portal Mercado Público.

Lo que la ley prohíbe: Contratos con el Estado para consejeros regionales y parlamentarios

El ordenamiento jurídico chileno no deja zonas grises en esta materia. La Ley N°19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios establece en su artículo 4° que no podrán contratar con organismos del Estado las personas naturales o jurídicas condenadas por delitos que la propia ley enumera, pero además la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, Ley N°19.175, dispone en su artículo 36 que los consejeros regionales no podrán celebrar o caucionar contratos con el Gobierno Regional respectivo ni con los servicios públicos, empresas o corporaciones del sector público que operen en la región, ya sea directamente o a través de sociedades de personas de las que formen parte.

La prohibición es amplia y no admite diferencias por porcentaje de participación. Basta con ser socio en cualquier proporción para que opere la incompatibilidad. Riquelme Ducci ejerció como consejero regional de Magallanes entre 2022 y 2025, período durante el cual Magallania Capacitación Limitada continuó ejecutando contratos financiados con recursos del FNDR aprobados precisamente por el Consejo Regional del que él era integrante.

La dimensión parlamentaria agrega una capa adicional de gravedad. El artículo 60 de la Constitución Política de la República establece que cesará en el cargo todo diputado o senador que celebre o caucione contratos con el Estado, o actúe como abogado o mandatario en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. La norma constitucional no exige que el parlamentario sea el titular directo del contrato. La caución, es decir el respaldo o el aval indirecto a través de una sociedad de la que se es socio o administrador, también queda comprendida en la prohibición. Riquelme Ducci asumió como diputado en marzo de 2026. La empresa de la que es socio y representante legal registra contratos activos con organismos del Estado durante ese mismo período, según constan en los registros públicos de Mercado Público.

Lo que da cuenta el conjunto de estos documentos es un patrón sostenido en el tiempo: Una empresa de propiedad del actual diputado por Magallanes, administrada junto a su socia Susan Liliana Chicuy Godoy, que ha captado recursos públicos regionales de manera recurrente durante al menos siete años, en contratos financiados en su mayoría con fondos del Gobierno Regional, el mismo órgano cuyas decisiones presupuestarias inciden directamente en los programas que Magallania Capacitación ha ejecutado.

Durante el período en que Riquelme Ducci integró el Consejo Regional, entre 2022 y 2025, esos mismos fondos FNDR fueron aprobados por el cuerpo colegiado del que era parte. Pese a ello, en su declaración de intereses ante el Servel del 19 de agosto de 2025, no consigna a Magallania Capacitación Limitada, RUT 76.801.150-8, entre sus vínculos societarios, declarando en cambio participación en Magallania SpA, RUT 76.984.795-2, empresa que no registra contratos con organismos del Estado. Todos los antecedentes citados en este reportaje son de carácter público y verificables en los portales de Mercado Público, el Ministerio de Hacienda y el sistema InfoProbidad del Consejo para la Transparencia.

Equipo de Investigación de ZonaZero.cl