Viviendas fiscales: 36 años de ocupación, cercos caídos y una orden de Contraloría que puede dejarse sin efecto
Un funcionario de la Seremi de Minería lleva 36 años viviendo en una vivienda fiscal del Estado. No es la excepción: El Gobierno Regional administra 55 inmuebles habitados por funcionarios de distintas reparticiones públicas, muchos de ellos ocupando esas propiedades desde hace décadas, sin plazos, sin reglamento actualizado y con infraestructura que se cae a pedazos. La situación, que durante años se mantuvo sin mayor fiscalización, quedó en entredicho luego de que Contraloría General de la República ordenara en mayo pasado regularizar el uso de estos inmuebles en todo el país.
El jefe de la División de Administración y Finanzas del Gore Magallanes, Diego Sierpe, confirmó que tres funcionarios ya tuvieron que devolver sus viviendas. Pero esa cifra podría ser apenas el comienzo, o podría no serlo en absoluto: Sierpe admitió que enviaron una consulta a Contraloría para saber si el plazo máximo de ocupación se aplica de forma retroactiva. “Porque si fuera así, cerca del 95% de la gente tendría que devolver la vivienda”, señaló. La respuesta de ese organismo definirá si la orden fiscalizadora tiene dientes o termina siendo letra muerta.
El dictamen de Contraloría fue claro: ministerios, municipios, Fuerzas Armadas y servicios públicos deben fijar plazos máximos de uso, protocolos de asignación, mecanismos de control y causales de término del beneficio. Todo en un plazo de 60 días hábiles para actualizar sus reglamentos internos. La instrucción da cuenta de una práctica extendida: ocupación indefinida, uso irregular y falta de mantención. Magallanes no escapa a ese diagnóstico.
Las viviendas administradas por el Gore están distribuidas entre avenida Costanera, villa Las Naciones y el sector de Gabriela Mistral en Puerto Natales. Las usan funcionarios de la Seremi de Minería, Desarrollo Social, Sernapesca, Indap, Seremi de Gobierno, entre otras. El problema no es solo quién las ocupa ni por cuánto tiempo. Es también el estado en que se encuentran. Cercos en mal estado, fallas en la certificación del gas natural, deterioro de infraestructura por antigüedad. El Gore reconoce que el presupuesto de funcionamiento no alcanza para cubrir esas necesidades, y evalúa presentar un proyecto de reparación integral al Consejo Regional. Un plan que corre en paralelo al cumplimiento de la orden de Contraloría, mientras las viviendas siguen deteriorándose.
El Ministerio de Obras Públicas tiene su propio parque de inmuebles fiscales: más de 50 propiedades, varias en calle Carrera y Torremolinos. El seremi Alejandro Marusic explicó que las reparaciones menores son responsabilidad del trabajador (pintar la fachada, arreglar el jardín, reparar una llave) mientras el ministerio asume las de infraestructura. Cada año se dispone una “partida presupuestaria menor” para esos arreglos. Marusic precisó que la asignación depende de las necesidades del servicio y que existe un reglamento que, entre otras condiciones, exige que el funcionario no sea propietario de otro inmueble. Consultado sobre los montos de arriendo que pagan los ocupantes, respondió que se trata de “un pequeño porcentaje” que “no es una cantidad relevante”. No dio cifras.
El organismo encargado de fiscalizar el buen uso de estos inmuebles es el Ministerio de Bienes Nacionales. Por ahora, la pregunta que instala nuevas dudas sobre el alcance real de la orden de Contraloría sigue sin respuesta: ¿se aplica con efecto retroactivo o no? De esa definición depende si decenas de funcionarios de la región tendrán que devolver viviendas que llevan años, o décadas, usando como propias.
Redacción ZonaZero.cl
