En el debate público contemporáneo suele repetirse, casi como un dogma indiscutible, la idea de que los problemas del país se solucionan achicando la estructura del Estado o limitando la diversidad de las fuerzas políticas. Bajo la premisa de la “estrechez fiscal” y la supuesta necesidad de fusionar ministerios o eliminar reparticiones, se esconde una mirada que confunde el ahorro administrativo con el verdadero bienestar social. Y por cierto, con la nula mirada regionalista, descentralizada, que incluso tienen los propios dirigentes políticos asentados en la región.

La realidad es que Chile no sufre por tener demasiadas instituciones, sino por la profunda desconexión territorial y la excesiva centralización de las decisiones que estas adoptan.

Pensar que el progreso se detiene por la existencia de nuevos servicios públicos es un diagnóstico equivocado. Los desafíos actuales en salud, educación, medioambiente y seguridad no exigen menos ministerios, sino una distribución del poder radicalmente distinta. En lugar de una tijera fiscal que centralice aún más las funciones en la capital, lo que el país necesita de forma urgente es una descentralización real y efectiva.

La eficiencia no se logra fundiendo carteras en Santiago, sino entregando competencias reales, autonomía y presupuestos directos a los gobiernos regionales y locales, que son quienes conocen de primera mano las urgencias de la ciudadanía. La verdadera agilidad del aparato público nace de la cercanía territorial, no de la poda burocrática. Y menos de los constantes ruegos por recursos que hay que hacerle a las visitas de turno…

Por otra parte, suele argumentarse que la llamada “fragmentación” del sistema político y la proliferación de movimientos de baja representación son los grandes culpables del bloqueo institucional. Se nos propone, entonces, rigidizar las reglas, fortalecer las cúpulas de los grandes partidos históricos e incentivar mayorías artificiales para “garantizar la gobernabilidad”.

Sin embargo, este enfoque confunde orden con legitimidad. Reducir por secretaría la diversidad política no solucionará la crisis de representatividad… Al contrario. Profundizará el desapego ciudadano al clausurar las vías de expresión de las minorías y de los nuevos movimientos sociales.

La diversidad de opiniones no es un obstáculo que deba ser “ordenado”, llamado “basura”, o limitado para facilitar la gestión del Ejecutivo. Es la riqueza misma de una democracia moderna.

El desafío no radica en cómo silenciar la pluralidad para construir acuerdos fáciles entre unos pocos, sino en cómo crear mecanismos de participación vinculante y deliberación ciudadana que obliguen a la política institucional a sintonizar con la calle. La estabilidad a largo plazo no se consigue cerrando las puertas del Congreso a las nuevas fuerzas, sino modernizando las formas de gobernanza, implementando herramientas de democracia directa y democratizando los partidos desde sus bases.

La noción de que un Estado eficiente y una política disciplinada son dos caras de una misma moneda utilitaria reduce la democracia a un simple ejercicio de gestión de recursos. Un aparato público moderno no necesita estar alineado con un sistema político cerrado y oligárquico para funcionar. Lo que realmente requiere es una profunda transformación en su cultura interna, es transitar hacia una gestión pública innovadora, transparente, participativa y con un fuerte uso de la tecnología al servicio de las personas, sin que esto signifique renunciar a su rol protector y garante de derechos.

La confianza ciudadana no se recuperará achicando las estructuras del Estado ni forzando consensos artificiales entre las élites políticas tradicionales. Se recuperará cuando las personas se sientan parte activa de las decisiones, cuando las regiones dejen de ser espectadoras de las políticas metropolitanas y cuando la institucionalidad demuestre que es capaz de procesar la diversidad del Chile actual en lugar de intentar reprimirla.

La modernización que el país exige no debe ser un sinónimo sutil de retroceso democrático, sino una apuesta decidida por más participación, más descentralización y más democracia.

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl