Un informe a fondo de ZonaZero expone los antecedentes de la investigación penal que remece al Congreso. Cómo los fondos públicos destinados a asesorías territoriales habrían terminado convertidos en una “caja chica” mediante presiones laborales. El caso del exencargado de Puerto Natales detalla 46 meses de transferencias, depósitos en efectivo y el supuesto financiamiento encubierto de propaganda con el sueldo de los trabajadores.

El uso y control de las asignaciones parlamentarias en Chile ha vuelto a cruzar la frontera de lo administrativo para ingresar al terreno del Ministerio Público. Lo que durante casi cuatro años se mantuvo bajo estricta reserva, hoy es el epicentro de una causa penal formal dirigida por la Fiscalía Local de Punta Arenas. El objetivo de las diligencias, según confirmaron las autoridades judiciales, es desentramar el presunto “mecanismo” que habría operado en la oficina del senador independiente (en cupo de Renovación Nacional), Alejandro Kusanovic Glusevic. 

La indagatoria penal, gatillada tras una denuncia ingresada originalmente ante la Unidad de Contraloría del Senado, apunta a un diseño sistemático de desvío de recursos fiscales. De acuerdo con las acciones legales en curso, un trabajador pagado por la corporación habría sido obligado a restituir un “peaje” mensual para mantener su puesto de trabajo. Un entramado que describe 46 meses de supuestas triangulaciones bancarias y propaganda política financiada presuntamente con el bolsillo del eslabón más débil de la cadena parlamentaria. 

Anatomía de la denuncia: El supuesto “impuesto” al trabajo territorial
Para entender el origen del caso hay que remontarse a marzo de 2022. Alejandro Kusanovic asumía su escaño en el Senado y, con ello, la facultad de contratar personal de apoyo y encargados territoriales con cargo a las asignaciones públicas. Para la plaza de Puerto Natales se seleccionó a un profesional técnico cuyo contrato fue visado y pagado directamente por la Corporación del Senado. 

Sin embargo, según los antecedentes recabados por ZonaZero, las condiciones del presunto esquema de exigencias económicas se habrían sellado antes de que el funcionario iniciara formalmente sus labores. El encargado de notificar la instrucción habría sido el jefe de gabinete del parlamentario, José Víctor Cárcamo Molina, a quien la denuncia individualiza como el presunto operador principal del sistema. La regla descrita en el líbelo acusatorio era taxativa. De la remuneración mensual depositada por el Senado de la República, el trabajador debía “retornar” de forma obligatoria la suma fija de $500.000 pesos. 

Aduciendo una situación de estricta “subordinación y dependencia laboral”, el denunciante sostiene haberse visto atrapado en una encrucijada financiera que se extendió de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2025, acumulando un perjuicio directo que estima en $23.000.000 solo por concepto de la cuota mensual requerida. 

A este monto se sumaron presuntas exigencias operativas asfixiantes. Según el relato judicial, las jefaturas le habrían impuesto costear con sus propios recursos el funcionamiento básico de la sede natalina, pagando las cuentas de telefonía, internet, televisión por cable, artículos de aseo e insumos cotidianos como café y azúcar. Mientras los fondos oficiales asignados por el Senado para “Gastos Operativos” debían cubrir esos ítems, la acción penal acusa que el asesor terminó asumiendo dichos costos con su salario mermado. 

Del efectivo a los depósitos por caja: Las fases que indaga la Fiscalía
Uno de los aspectos más complejos que indaga la justicia es la evolución de los métodos que se habrían utilizado para recaudar los dineros. El temor a dejar registros comerciales habría provocado que el sistema mutara en tres fases diferenciadas durante los casi cuatro años analizados: 

1. La Fase del Efectivo (2022): De acuerdo con la denuncia, durante los primeros meses la instrucción era directa: El trabajador debía retirar los $500.000 en billetes desde cajeros automáticos apenas se liberaban los sueldos y entregárselos mano a mano al jefe de gabinete o a personas designadas por este. 
2. La Fase de las Transferencias (2023-2024): Posteriormente, el sistema se habría digitalizado. Las instrucciones (según los respaldos presentados a la Fiscalía) habrían llegado mediante mensajería de WhatsApp, ordenando transferencias electrónicas hacia cuentas bancarias de terceros, entre quienes figuraría una encargada de prensa en Punta Arenas. 
3. La Fase del Depósito por Caja (2025): En el último año de contrato, las órdenes habrían cambiado radicalmente de formato para evitar el rastreo de transferencias mutuas. Se le habría exigido al funcionario acudir presencialmente a sucursales bancarias a realizar depósitos en efectivo directo por caja hacia las cuentas asignadas. 
   

Cabe señalar, que el denunciante adjuntó a la causa un set de comprobantes de depósito bancario y capturas de pantalla de las conversaciones digitales que mantenía con sus superiores. El portafolio de pruebas documentales hoy en manos de la fiscal jefe de Punta Arenas incluye un chat de WhatsApp de diciembre de 2025.

Tras adjuntar la foto del último depósito por caja, el funcionario escribió al celular del jefe de gabinete: “Te llamé hace unas horas pero estaba apagado, ya está depositado lo solicitado y este es el último depósito. Entiendo que del finiquito me corresponde todo a mí y no debo depositar nada más”. 

El destino de los fondos bajo sospecha
El foco de la fiscalización periodística de ZonaZero y de la indagatoria del Ministerio Público apunta al destino final de los recursos desviados. La denuncia penal sostiene que el dinero sustraído al encargado territorial no iba a fines personales privados, sino al financiamiento de una maquinaria de posicionamiento político regional, y relacionado con medios de comunicación de Natales y Punta Arenas.

La acción judicial expone que con los fondos recortados se habrían pagado de manera recurrente inserciones de prensa y columnas de opinión diseñadas para potenciar la figura pública del senador Kusanovic en los diarios provinciales. Asimismo, se acusa que en la misma sede parlamentaria de Puerto Natales operaba una estación de radio independiente, cuyos gastos operativos, técnicos y de mantenimiento habrían sido absorbidos de manera forzosa por el sueldo mensual del funcionario denunciante. 

La postura de la defensa: El cortafuegos del desconocimiento
Tras la confirmación de las pesquisas por parte del Fiscal Regional de Magallanes, Cristián Crisosto, la postura oficial del senador Alejandro Kusanovic ha sido el desconocimiento absoluto de las irregularidades descritas por el exfuncionario, desmarcando su figura de las gestiones de su equipo directo. 

“Yo no he sabido absolutamente nada de eso, absolutamente nada. Voy a investigar dentro de mi equipo administrativo a ver qué pasó, pero yo no tengo ninguna información de eso”, enfatizó el parlamentario ante las consultas de la prensa, asegurando que se encuentra plenamente llano a colaborar con los requerimientos de la justicia para esclarecer los hechos. 

No obstante, para los analistas en derecho penal y probidad pública, la indagatoria deberá determinar si existió una “ignorancia deliberada” o una falta de control inexcusable respecto de los recursos públicos asignados a su cargo, dado que las columnas, la publicidad y el funcionamiento radial dentro de su oficina resultaban de público conocimiento.

El caso Kusanovic se suma a la lista de investigaciones vigentes en el Congreso bajo patrones de denuncia idénticos, donde se indaga el uso de contratos de personal de apoyo como presuntos mecanismos de financiamiento político permanente. En Punta Arenas, la Fiscalía ya imparte las primeras órdenes de investigar a las brigadas especializadas de la PDI, las que deberán determinar si los hechos denunciados constituyen los delitos de fraude al fisco y exacción ilegal.

Por el Equipo de Investigación de ZonaZero.cl