La reciente clausura de una residencia provisoria de protección de menores por parte de la Municipalidad de Punta Arenas ha destapado una realidad alarmante sobre el funcionamiento del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). Más allá del hecho administrativo, lo que hoy genera fundadas dudas son las explicaciones oficiales emitidas por la institución. En un intento por matizar la gravedad de la situación, el servicio público terminó exponiendo una preocupante falta de gestión, previsión y sentido de urgencia.

La cronología de los hechos no deja espacio a dobles interpretaciones. Desde el incendio que destruyó la residencia original en septiembre de 2025, el organismo estatal dispuso de nueve meses para regularizar el inmueble provisorio, tramitar la recepción definitiva ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) y garantizar un espacio que cumpliera con todas las normativas legales y de seguridad. Sin embargo, la institución prefirió estirar los plazos y agotar las prórrogas hasta llegar al peor escenario posible: un decreto de clausura.

Un servicio público que falló en sus deberes más básicos
Desde una perspectiva política y administrativa, el actuar de Mejor Niñez resulta sencillamente poco entendible. Hablamos de un servicio del Estado cuya misión fundamental es la protección y el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestra sociedad. Que las autoridades a cargo hayan permitido que la situación escalara hasta la clausura efectiva del recinto (dejando para el registro público la vergonzosa postal de un hogar de menores con sellos de prohibición de funcionamiento) evidencia un abandono de funciones técnico-políticas institucional.

Las justificaciones presentadas en su comunicado oficial, donde argumentan que debieron “suspender excepcionalmente” las obras de habilitación para priorizar el recinto original, no sostienen un análisis riguroso. En el aparato público, la protección de la infancia no puede someterse a la lógica de “vestir un santo para desvestir otro”.

Un presupuesto asignado y una cadena de mandos regionales debieron ser capaces de gestionar ambos procesos en paralelo, o bien, buscar una solución definitiva de manera anticipada, sin esperar el vencimiento de los plazos legales.

Las interrogantes que las “explicaciones” no logran responder
El comunicado emitido por la entidad deja en el aire preguntas críticas.
¿Por qué se esperó hasta el límite? Si el traslado de los menores se realizó recién el pasado 13 de junio, significa que el servicio operó al filo del desalojo, sabiendo con meses de anticipación que los plazos municipales estaban vencidos y que la recepción definitiva no se otorgaría sin los trabajos requeridos.

¿Dónde está la responsabilidad política? Un servicio público no puede reaccionar “retomando las gestiones administrativas” solo cuando la orden de clausura ya es un hecho consumado. Esto demuestra una actitud reactiva y poco eficiente por parte de la entidad a cargo, y de la secretaría ministerial responsable.

¿Cuáles son las condiciones reales del retorno? Al suspenderse las obras del inmueble clausurado para volver al recinto original afectado por el incendio de 2025, queda la legítima duda de si esa infraestructura matriz cuenta hoy con todas las condiciones óptimas, seguras y con las recepciones legales correspondientes para albergar dignamente a los menores.

En el análisis de la gestión pública, la ineficiencia también es una forma de violencia institucional. Que un organismo encargado de cuidar a la niñez termine clausurado por no ser capaz de tramitar sus permisos de edificación y habitabilidad a tiempo es un bochorno político que no puede pasarse por alto.
La “explicación” de Mejor Niñez a través de un comunicado, no es más que la aceptación indirecta de una gestión que fue inactiva antes que eficiente para evitar una clausura.

Redacción ZonaZero.cl