El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este viernes la prisión preventiva de los ex generales directores de Carabineros Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos Krum (2015-2018).
Ambos altos oficiales en retiro están imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, los cuales se habrían cometido a partir de 2007.
El tribunal decretó un plazo de investigación de 180 días.
El magistrado Darwin Bratti accedió a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y dispuso que los generales deberán cumplirla en el centro de detención Sucre (de la propia policía uniformada) por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
El juez consideró dicha medida cautelar debido a que las conductas imputadas «son de la máxima gravedad y atentan contra la fe pública, al haber sustraído o permitido que otros funcionarios públicos sustrajeran anualmente, bajo el periodo en que ejercieron la dirección general de Carabineros, respectivamente, fondos públicos», además de falsear «la rendición de cuentas que debían rendir ante la Contraloría General de la República sobre el uso de dichos gastos reservados».
En la audiencia, el abogado de González Jure, Pedro Orthusteguy, desestimó nuevamente los cargos.
«Lo que se hace es mezclar distintos periodos, épocas y métodos para hacer una mezcolanza de cosas que ocurrieron en algunos períodos, en algunos sí, en otros no. Nuevamente vuelvo a insistir en que estamos hablando del periodo 2011-2015, cuando era general director el señor González Jure», dijo el jurista.
«Termino también con una afirmación que tampoco la podemos aceptar en nuestro periodo, no sabemos qué habrá ocurrido en los años 30 o 70: el CDE dice -me imagino que en base a las declaraciones del funcionario que trabajaba del 2011 hacia atrás, el señor Pérez- que se usaban estos gastos reservados como un sobre sueldo. Yo no he escuchado a la Fiscalía hacer una afirmación como esa, no he escuchado a la Fiscalía hacer una afirmación tan temeraria como esa», remató el defensor.
«Estamos conformes con la resolución pronunciada», declaró la fiscal de alta complejidad Patricia Cerda, a cargo de la causa, señalando que «continuaremos trabajando con la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones y con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la misma institución, a fin de recabar los antecedentes que nos restan».
En la instancia, que se inició el martes pasado, también se formalizó a Iván Whipple, Flavio Echeverría, Javiera Blanco y Héctor Zúñiga, a quienes el ente persecutor imputó autoría en delitos de malversación de caudales públicos. Blanco, por su parte, quedó con firma mensual y la prohibición de salir del país, mientras que a Zúñiga se ordenó la firma semanal y el arraigo nacional, a Whipple arraigo nacional y arresto domiciliario parcial nocturno y a Echeverría el arraigo nacional y arresto domiciliario total anticipado.
Asimismo, el tribunal acogió la solicitud de la defensa y reprogramó la audiencia de formalización contra del ex general director de Carabineros Eduardo Gordon para el 22 de diciembre.
