Presupuesto 2026 bajo fuego: acusaciones de centralismo, bajo crecimiento y el final de la “glosa republicana”
No son estos los años más luminosos Chile. El país mantiene un crecimiento estancado, con síntomas preocupantes en materia de empleo privado, caída de proyectos millonarios que no soportaron el largo trámite de la burocracia estatal, el aumento del empleo público (superando el millón funcionarios) y con deudas de desarrollo en sus regiones.
Desde ya Chile sostiene sus pilares intactos relacionados con el comercio internacional. En 2024 se rompió un récord de exportaciones con más USD 100.000 millones y se espera que este 2025 lo vuelva a hacer. Su economía continúa siendo una de las más dinámicas y transparentes en la región, pero con esto no alcanza, según observan expertos y de se desprende los nuevos estudios de pobreza multidimensional.
El país todavía requiere fuertes avances en educación, salud y calidad de empleo, tres cuestiones que el gobierno del presidente Gabriel Boric tampoco pudo resolver.
En este escenario fue presentado para su debate el nuevo Presupuesto 2026 que ya ha generado polémicas entre la clase política y reclamos en alguna regiones.
El 30 de septiembre de 2025, el presidente Boric presentó en cadena nacional el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, a meses de dejar La Moneda, algo que ocurrirá en marzo de 2026.
Con un gasto público total proyectado en alrededor de US$90.000 millones —un incremento real del 1,7% respecto a 2025—, el erario enfatizó “responsabilidad social y fiscal”, según el mandatario.
Este monto, que abarca una solicitud de endeudamiento de US$17.400 millones, proyecta un crecimiento económico del 2,5% y una inflación del 3,1%, alineada con metas del Banco Central.
“Chile no elige entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social”, priorizando un Estado presente en áreas clave como salud, pensiones, vivienda y seguridad, afirmó el mandatario.
Las asignaciones sectoriales reflejan estos ejes. En Salud, el mayor avance con un alza del 5,6% (unos US$900 millones adicionales), completando un +30% en el cuatrienio boricista.
Esto financiará la mayor inversión en el GES desde 2004, incorporando tratamientos para fibrosis quística, depresión grave en menores y la Ley TEA, fortaleciendo Cesfam, Cosam y hospitales.
En Educación, se impulsan mejoras en asistencia escolar, resultados SIMCE y resolución de deudas docentes, aunque sin cifras específicas desglosadas; el foco incluye un subsidio unificado al empleo para jóvenes y mujeres, y la Ley de Sala Cuna Universal.
Las Pensiones ven un +8,9%, destacando la PGU elevada a $250.000 para mayores de 75 años, bonos por cotizaciones y compensaciones de género para cerrar brechas.
En Vivienda, un +7,6% busca meta de 260.000 unidades construidas, dejando 100.000 listas para el próximo gobierno, pese a deudas heredadas. La Seguridad Pública crece 1,2% anual, sumando +16,7% en el periodo, con énfasis en cárceles nuevas y lucha contra la delincuencia, respondiendo a la principal preocupación ciudadana.
Otras áreas: Cultura se duplica en el cuatrienio, con 600 puntos culturales y Pase Cultural ampliado; transición energética incluye 5.500 buses eléctricos; y defensa no se detalla, pero el gasto total incorpora reasignaciones eficientes vía royalty minero (US$227 millones a regiones).
Sin embargo, el proyecto desata polémica por la presunta falta de holgura para el siguiente gobierno. La eliminación de la “glosa republicana” —un fondo de libre disposición tradicional, como los US$700 millones de Piñera a Boric— rompe con décadas de práctica, optando por flexibilidad vía reasignaciones (1% del total, US$900 millones).
La oposición, liderada por Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Republicanos), lo califica de “atentado a la democracia” y “mala fe”, acusando deudas ocultas en salud, vivienda y obras (el FEES cayó de US$8.000 a US$3.000 millones), sobrestimación de ingresos y un déficit estructural que podría escalar de -1,1% a -2,5% del PIB.
La UDI incluso denunciará a Boric ante Contraloría por “intervencionismo electoral” al criticar recortes de US$6.000 millones propuestos por Kast.
Boric rebate: “Entregaremos la casa ordenada”, con avances irreversibles en derechos sociales. Analistas como Matías Acevedo (ex-Dipres) advierten ajustes fiscales inminentes, mientras el oficialismo, incluso Jeannette Jara, presiona por reponer holguras. El debate en la Comisión Mixta de Presupuestos, iniciado el 1 de octubre, promete tensiones: ¿priorizar social o dejar margen? Este erario, con empleo fiscal restringido (1×3 en reposiciones), busca equilibrio, pero la polarización electoral lo tiñe de rojo político.
El Presupuesto 2026 ha sido tildado de “centralista” por autoridades regionales, quienes critican que solo el 21% de los US$90.000 millones se destine a regiones, lejos de la descentralización prometida. Regiones como La Araucanía y Antofagasta, que esperan fondos para carreteras y hospitales, ven frustradas sus expectativas, con partidas de obra pública estancadas en un +1,2% real. Intendentes como Rodrigo Díaz (Biobío) advierten que el énfasis en Santiago y Valparaíso perpetúa desigualdades. Biobío recibirá $117.951 millones, mientras que el GORE y el Consejo Regional habían solicitado $225.000 millones en mayo pasado.
La oposición exige reasignar al menos US$2.000 millones, pero el gobierno defiende priorizar salud y pensiones, tensionando el debate en la Comisión Mixta.
Asignación Presupuestaria para la Región de Magallanes en 2026
Según el Proyecto de Ley de Presupuestos 2026, ingresado al Congreso el 30 de septiembre de 2025, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena recibirá finalmente un presupuesto para su Gobierno Regional con un recorte del 1,9% y no del 4,4%, según se especulaba hace unos días.
La cifra de presupuesto no contempla los ingresos que recibirá la administración Flies por Zona Franca, Ley de Casinos y Plan de Desarrollo de Zonas Extremas.
