El aterrizaje forzoso de la industria del Hidrógeno Verde (H2V) en Chile ha dejado de ser una advertencia técnica para convertirse en una crisis de realidad que golpea directamente a Magallanes. Tras años de discursos oficiales que vendían a la región como la “Arabia Saudita del viento”, el análisis del Comité Estratégico y de Corfo revela una verdad incómoda: la estrategia nacional no ha avanzado al ritmo previsto, la competitividad es aún una quimera y el mercado internacional está enviando señales de cautela que el país no puede seguir ignorando.

La incertidumbre ya no es un riesgo futuro, es el estado actual de una industria que hoy tiene sus proyectos más ambiciosos en modo de espera o suspendidos, reflejando una desconexión preocupante entre las expectativas del Ejecutivo y la realidad del mercado.

El diagnóstico es lapidario al identificar que el principal cuello de botella no está en el viento de la Patagonia, sino en la incapacidad del Estado para generar una demanda real. Sin contratos de compra claros y sin señales de precios competitivos, los proyectos a escala industrial en Magallanes se han vuelto inviables para el financiamiento bancario, lo que ha congelado las inversiones.

A esto se suma una burocracia que el propio Ejecutivo reconoce como un obstáculo. La falta de marcos regulatorios eficientes y la lentitud en los procesos de evaluación ambiental han transformado la ventaja comparativa de Chile en una desventaja administrativa frente a competidores que ya están en fase de implementación. Resulta poco alentador que, a esta altura y tras tantos años de retórica, todavía se esté analizando “cómo seguir” en lugar de estar inaugurando faenas.

Esta parálisis legislativa y de gestión ha llevado a que hoy se hable de “ajustar el rumbo”, un eufemismo para reconocer que se falló en la ejecución inicial por falta de foco y exceso de confianza. Mientras en otras latitudes se avanza con subsidios directos y encadenamientos productivos reales, en Chile se sigue discutiendo la “hoja de ruta” y el impacto fiscal de los incentivos.

El riesgo para Magallanes es quedar atrapado en la trampa del “relato”. Ser el eterno exportador de potencial que nunca se materializa en plantas operativas, empleos de alta calificación o una soberanía energética real que beneficie a la zona austral. Sorprende que se siga esperando un resultado diferente cuando se insiste en una gestión que no entrega certezas jurídicas mínimas.

Finalmente, es bueno entender que la única forma de salvar el hidrógeno verde es abandonar la porfía de las sobreexpectativas y la inacción administrativa. Chile no tiene los recursos para financiar toda la cadena, por lo que la prioridad debe ser la “micro-cirugía” financiera y regulatoria. Es decir, inyectar recursos donde hay demanda real y agilizar los permisos para que los inversionistas no sigan huyendo hacia mercados más estables.

La decisión es política y es urgente. O se entregan herramientas administrativas y decretos que destraben los proyectos ahora, o Magallanes terminará siendo el cementerio de una gran ambición que murió esperando a que el Estado aprendiera a ser un facilitador y no un observador pasivo del desarrollo.

Redacción ZonaZero.cl