El balance económico que ha exhibido hace un tiempo la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) respecto al ejercicio 2025 vuelve a poner sobre la mesa una interrogante que divide a la opinión pública magallánica: ¿Cuál es el verdadero propósito de la Zona Franca? Mientras la administración y las autoridades regionales celebran con entusiasmo cifras que superan los $4.700 millones transferidos al Gobierno Regional y ventas históricas que rozan los $450 mil millones, una mirada crítica sugiere que el recinto parece estar mutando desde una herramienta de beneficio social hacia un lucrativo centro de negocios inmobiliarios y logísticos donde el ciudadano local es solo un número más en la estadística.

El discurso oficial de la concesionaria, replicado en columnas y comunicados de prensa en los últimos meses, se ha centrado en resaltar el “éxito comercial” y la masiva afluencia de público, que ya supera los 10 millones de visitantes anuales. Sin embargo, para muchos habitantes de la región, este triunfalismo resulta ajeno. La Zona Franca fue concebida como una franquicia tributaria de excepción para abaratar el costo de la vida en una zona extrema, pero hoy su gestión parece priorizar la maximización de rentas mediante la llegada de grandes cadenas internacionales y servicios que poco se diferencian de un mall en Santiago.

El hecho de que el crecimiento de las ventas esté fuertemente impulsado por el turismo de compras transandino (con reexpediciones que se dispararon un 171% hacia Argentina) confirma que el modelo hoy mira más hacia afuera que hacia adentro.

La administración de SRI defiende el “retorno social” basándose casi exclusivamente en el aporte monetario al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Si bien es cierto que esos recursos se traducen en obras públicas, esa es una mirada indirecta del beneficio. El espíritu original de la Zona Franca no era solo recaudar impuestos para que el Estado los gaste, sino permitir que el magallánico acceda de forma directa a bienes y servicios con un ahorro real.

Al convertir el recinto en un “polo logístico” y comercial enfocado en el volumen de ventas y el retail masivo, se corre el riesgo de desvirtuar la herramienta de excepción, transformándola en un negocio donde el administrador gana por cada metro cuadrado arrendado, sin importar si ese comercio realmente alivia el bolsillo de la familia magallánica.

Por otro lado, el gobernador Jorge Flies ha calificado este sistema como un “modelo virtuoso”. No obstante, cabe preguntarse si es lícito medir el éxito de una concesión que es “de todos los magallánicos” solo por la cantidad de gente que camina por sus pasillos o por el récord de utilidades de una empresa privada.

Mientras la administración se jacta de tener meses con alzas de ventas superiores al 35%, la ciudadanía percibe que los beneficios de la franquicia se diluyen en un entorno de consumo donde el costo de vida sigue siendo asfixiante. Más por estos días, donde los precios siguen subiendo, y donde no se ve un horizonte con los valores de las cosas estabilizándose, muy por el contrario. Así las cosas, la Zona Franca hoy se encuentra en una encrucijada ética y económica.

O recupera su rol como baluarte de la protección del bolsillo local, o termina consolidándose como un simple negocio inmobiliario que utiliza una ley de excepción para inflar los balances de una concesionaria privada.

Redacción ZonaZero.cl