Hay declaraciones que no solo sorprenden por su desconexión con la realidad, sino que resultan derechamente intolerables en una sociedad que exige un mínimo de decencia a sus representantes. Las recientes palabras de la consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, respecto al polémico subsidio habitacional adjudicado a la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme cruzan una línea roja. Intentar maquillar de legalidad lo que a todas luces es un agravio ético a miles de familias vulnerables es impresentable y requiere ser refutado palabra por palabra, punto por punto.

La consejera Gallardo señala textualmente que, aunque al abordar el caso se le intente dar un tinte moral o ético, ella considera que la afectada legítimamente tenía el derecho de hacerlo y concluye de forma tajante que legalmente no existe ningún tipo de impedimento para que una madre soltera con hijos postule a vivienda.

Esta es la clásica forma con la que históricamente se han escudado los abusos de la clase política. Que un acto no esté explícitamente tipificado como un delito penal no lo hace correcto ni ético. Estamos hablando de la pareja de un ex consejero regional y actual parlamentario en ejercicio, un sector con privilegios y redes de influencia evidentes. Intentar igualar la realidad de una madre soltera que vive en la precariedad extrema con la situación de la conviviente de un diputado de la República es un insulto a la inteligencia de los magallánicos.

Tratar de normalizar que el entorno íntimo de las autoridades capture beneficios estatales destinados al porcentaje más vulnerable altera profundamente el mensaje de probidad. Además, la defensa corporativa implícita aquí huele a blindaje político por compartir trinchera ideológica. Cuando el aprovechamiento ocurre en el bando propio, ¿entonces se vuelve legítimo? Esa doble moral destruye la fe pública.

Por otra parte, Gallardo arremete con dureza contra el Serviu, acusando de tardía la denuncia y asegurando que la entrega de subsidios mal asignados era un rumor de pasillo desde hace varios meses y que el sistema funciona mal en todo nivel. Aquí la contradicción es flagrante.

Si la consejera Gallardo sabía a ciencia cierta que existían estas graves irregularidades y manipulación de datos, ¿por qué no acudió penalmente ante la justicia o el Ministerio Público? Como funcionaria pública y autoridad electa, ella está sujeta a la obligación legal de denunciar de inmediato cualquier hecho con caracteres de delito del que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Disparar contra las jefaturas técnicas a través de la prensa cuando el escándalo ya reventó, en lugar de haber canalizado denuncias formales con antecedentes en los tribunales, delata que la fiscalización se usa convenientemente como un arma política y no como un principio ético inquebrantable. Para entender la ligereza con la que se aborda la vulneración institucional, hay que mirar el propio historial en el aparato estatal, donde la consejera Gallardo ha caminado con soltura percibiendo de forma simultánea dos ingresos del Estado: Uno como consejera regional y otro como asesora contratada por un diputado.

¿Cómo se puede fiscalizar de manera autónoma, transparente y libre de sospechas cuando tu jefe directo en una labor parlamentaria es parte del mismo ecosistema político que debes vigilar como CORE?

Esta preocupante subordinación de roles explica por qué pareciera que es normal que las fronteras entre el beneficio personal, el entorno familiar de los políticos y los fondos públicos aparezcan tan difusas. Quien normaliza su propia dualidad de sueldos estatales, difícilmente tendrá la agudeza moral para escandalizarse por el subsidio de la pareja de un par político, y además del mismo sector.

Frente a la condescendencia y los desvíos retóricos de Gallardo, la misma crónica periodística expone dos posturas institucionales que marcan la pauta de cómo debe reaccionar el Estado ante la sospecha de corrupción. El seremi de Gobierno, Ángel Roa, plantó una postura sumamente correcta y atendible al señalar que el envío de los antecedentes a la Fiscalía es, lisa y llanamente, una responsabilidad con la transparencia, enfatizando que ninguna persona ni autoridad debe estar por sobre la normativa. El compromiso gubernamental de cruzar datos fidedignos para acreditar la vulnerabilidad real es la respuesta técnica mínima que se espera, en lugar de la pasividad justificadora que exhibe la consejera regional.

Por su parte, la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra Alarcón, confirmó formalmente la recepción de la denuncia e indicó que ya se encuentra realizando diligencias a fin de establecer la veracidad de los hechos y si estos revisten el carácter de delitos vinculados a la asignación de subsidios.

En la historia reciente de la jurisprudencia respecto al fraude de subvenciones o tráfico de influencias, el Ministerio Público suele apuntar a dos aristas claras en estos casos: La falsificación o adulteración de instrumentos públicos para simular una vulnerabilidad socioeconómica inexistente, y el tráfico de influencias o presiones administrativas para acelerar el reemplazo de beneficiarios en favor de familiares de políticos.

De comprobarse penalmente el dolo o el aprovechamiento de información privilegiada, las salidas habituales implican no solo la restitución total de los fondos y la pérdida del beneficio habitacional adjudicado de forma irregular, sino también severas penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos y penas asociadas al fraude al fisco.

Nuestra sociedad ya no resiste más la lógica del rumor de pasillo como excusa para la inacción, ni mucho menos la justificación descarada de privilegios cruzados bajo el pretexto de que la ley no lo prohibía textualmente.

Lo planteado por Roxana Gallardo es impresentable porque intenta erosionar el estándar ético. Corresponde ahora que la justicia actúe con máxima rigurosidad para demostrarle a los ciudadanos que el parentesco, las influencias y el color político de un diputado no valen más que la fila de los postergados. Las autoridades están para servir, no para servirse ni para normalizar el abuso de sus pares.

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director de ZonaZero.cl