Los concejales, Verónica Aguilar, Jonathan Cárcamo, José Becerra y Alejandro Olate, fueron enfáticos en señalar que hay un informe de contraloría del año 2020, en donde se deja muy claro que la Cormupa no puede cancelar multas e intereses, y que al mismo tiempo, deber hacer los arreglos para que esto no vuelva a ocurrir. Es más, avisan que enviaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se investigue, pero aseguran que el alcalde Radonich sigue haciendo caso omiso a este informe, incurriendo permanentemente en esta falta grave.
Así las cosas, los concejales denunciaron al contralor nacional esta situación que dicen «es de suma gravedad», y junto con ello solicitaron una auditoría financiera que de respuestas a la situación de la Cormupa en su conjunto. Apuntan a que los problemas en educación que se han profundizado en esta gestión alcaldicia, también han llevado a deudas, convenios «y otros malos procesos administrativos en el área de Salud, situación que se ha generado desde el 2016 a la fecha, vale decir en la gestión del alcalde Radonich».
«Es hora de que la autoridad comunal, quien además es el presidente del directorio, responda con transparencia y probidad ante los órganos fiscalizadores correspondientes, tiene que dejar de culpar a otras autoridades, porque hoy vemos con preocupación que la crisis se profundizó en la gestión del periodo anterior, que es la gestión del propio alcalde Radonich, por ende es el principal responsable», señalan los concejales en un comunicado.
Junto con lo anterior, ya han iniciado un trabajo con un equipo de abogados, que están revisando todos los antecedentes, para prontamente ser presentados ante el Tribunal electoral regional, TER, en donde cabe recordar que ya existe una querella por notable abandono de deberes por no pago de cotizaciones, interpuesta el año 2021 por los concejales de la época, Verónica Aguilar, Jorge Haro y Juan Pablo Draguicevic, junto a los profesores y asistentes de la educación y representados por el abogado Pedro Venegas.
