Admisible: Justicia da luz verde a querella criminal contra diputado Alejandro Riquelme
Un nuevo e importante flanco judicial se abre en Magallanes para el legislador del Partido Republicano. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas, a través de una resolución dictada por el magistrado Ignacio Javier Low Miranda, declaró admisible la querella criminal interpuesta en contra del diputado Alejandro Gabriel Riquelme Ducci y de Dubalio Francisco Pérez Ruiz.
Con este pronunciamiento, el tribunal ordenó el envío inmediato de todas las piezas y antecedentes al Ministerio Público, activando de manera formal la indagatoria penal contemplada en el artículo 112 del Código Procesal Penal. La causa quedó registrada bajo el Rol Único de la Causa (RUC) 2618017329-2 y el Rol Interno del Tribunal (RIT) O-2011-2026. Para resguardar las garantías constitucionales de Riquelme, se designó como su defensor penal público al abogado Ramón Bórquez Díaz.
La barrera del fuero parlamentario: ¿Qué viene ahora?
Dado que Alejandro Riquelme ostenta el cargo de diputado de la República por el Distrito 28 (periodo 2026-2030), el proceso penal entra en un terreno de excepcionalidad constitucional. La declaración de admisibilidad no altera de forma inmediata su estatus legislativo, lo que significa que el parlamentario podrá seguir asistiendo al Congreso, participando en comisiones y votando con total normalidad.
Sin embargo, el curso ordinario del caso penal dependerá de una jugada clave: el desafuero.
Si la Fiscalía local de Punta Arenas o la parte querellante deciden avanzar hacia una formalización que incluya medidas cautelares gravosas (como arraigo o prisión preventiva) o pretenden llevar el caso a un juicio oral, deberán elevar una solicitud formal de desafuero ante la Corte de Apelaciones competente.
De ser aprobado por los tribunales superiores, el parlamentario quedará suspendido de sus funciones legislativas y pierde transitoriamente su derecho a voto.
Por otro lado, si el juicio concluye con una condena a pena aflictiva (tres años y un día o más), Riquelme perdería su escaño en la Cámara de Diputados de manera permanente.
Cabe recordar, que a finales de mayo de 2026, el ministro de Vivienda, Carlos Poduje, confirmó que el Serviu Magallanes remitió antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) tras detectar presuntas irregularidades en la asignación de un subsidio habitacional en el proyecto Estepa Austral I. El beneficio apuntaba directamente a la pareja del diputado, Susan Chicuy Godoy, por supuesta omisión de información socioeconómica. En su momento, Riquelme se defendió argumentando que los hechos ocurrieron en 2022 cuando se encontraban separados.
Paralelamente, los partidos de oposición en Magallanes levantaron alertas públicas exigiendo aclaraciones al diputado por supuestas inconsistencias en su declaración de intereses y patrimonio. Los cuestionamientos apuntan a la falta de claridad sobre deudas por contribuciones en al menos 17 propiedades ligadas a una empresa donde posee participación, además de dudas sobre si participa en una o en cuatro sociedades distintas.
Por ahora, y en estricto apego a la resolución judicial, sobre los imputados rige plenamente el principio de presunción de inocencia. Los próximos pasos procesales quedarán en manos de la Fiscalía local de Punta Arenas, la cual deberá recopilar declaraciones y peritajes para medir la solidez de las acusaciones antes de definir si solicita el desafuero del legislador magallánico.
Redacción ZonaZero.cl
