Ante la grave situación que obligó a vaciar y trasladar las funciones del edificio del Cecosf Sandra Vargas, debido a la decantación de residuos y aguas servidas provenientes de campamentos del sector, la Asesoría Jurídico de la Municipalidad de Punta Arenas realizó una denuncia en representación de la Junta de Vecinos N°35 Raúl Silva Henríquez, contra la Seremi de Salud de Magallanes por incurrir en omisiones ilegales para dar solución a este problema.
Según explicó el abogado del Municipio, Michael Furniss, «frente a esto los vecinos han hecho sus reclamos con justa razón, hubo reuniones tanto de la Municipalidad, como de la Seremi de Salud con la Delegación Presidencial; y para ser justo, existe voluntad por parte de las autoridades de solucionar esta problemática, pero las soluciones que se propusieron en su momento, a juicio de los vecinos, resultaron completamente insuficientes y además requerían de un plazo mayor para su implementación», afirmó el funcionario municipal, quien añadió que «en dicho contexto, los vecinos le solicitaron apoyo al alcalde Radonich para efectos de presentar un recurso de protección».
«Se interpuso este recurso en contra de la Seremi de Salud, alegando conductas omisivas de sus facultades legales y en dicho contexto, la Corte de Apelaciones en definitiva acogió este recurso de protección y ordenó a esta secretaria ministerial a adoptar determinadas medidas», indicó Furniss, quien agregó que «lo que se señaló es que esto es una competencia de la Seremi de Salud por ser una situación sanitaria que genera un peligro en la población, problemática que no solo afecta al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, sino que además perjudica la integridad psíquica y física de las personas que viven en este entorno».
Para concluir, el abogado del municipio local señaló que «considerando además que estos campamentos están en una situación irregular en donde no existen conexiones de alcantarillado ni de agua potable, en definitiva la Corte de Apelaciones ordenó a la Seremi de Salud en un plazo de 90 días, desde que la sentencia quede firme, elaborar un plan de acción con medidas concretas en conjunto con la Superintendencia de Medio Ambiente».
En este sentido, Elena Blackwood, secretaria general de la Cormupa, explicó que «hace varios meses a raíz de una denuncia que presentó la Confusam, la Seremi de Salud nos ordenó un sumario sanitario y finalmente los que tuvimos que evacuar fuimos nosotros, como Cecosf Sandra Vargas, hacia un recinto nuevo para poder seguir prestando las atenciones a nuestros vecinos», explicó la funcionaria municipal, quien remarcó que «la verdad es que esta situación es como un mundo al revés, porque nosotros fuimos los principales afectados en todo esto que redundó en los vecinos molestos por esta situación, por lo que tuvimos que tomar las medidas de salir de este sector y asumir todos los costos que esto ha significado, por lo tanto, con este fallo, estamos viendo que aquí hay responsabilidades de autoridades que van a tener que tomar medidas de esta situación y ojalá poder dar una solución en el plazo que se estipula».
Tras ser consultada por si se volverán a ocupar las instalaciones del Cecosf Sandra Vargas (de concretarse una solución definitiva), Blackwood señaló que «eso es lo que nosotros siempre hemos planteado por eso mantenemos el recinto bajo resguardo, son instalaciones que cumplían con las condiciones para poder atender a los vecinos y esperamos que, si existe esta solución definitiva, podamos retomar la atención en el sector que corresponde, que es este».
