El medio digital www.capsulainformativa.cl dio a conocer este domingo que el abogado, Fernando Leal, que representa al ex fiscal Manuel Antonio Soto Basauren, presentó una demanda de tutela laboral en el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, en contra del Ministerio Público Regional de Magallanes, representada por el fiscal regional, Cristian Luciano Crisosto Rifo. Con fecha 3 de septiembre de 2025, el Juzgado de Letras de Punta Arenas fijó la audiencia preparatoria para el 8 de octubre de 2025, a las 09:30 horas.

En la nota, se da a conocer que el abogado Leal sostiene que “los hechos que han dado lugar a la interposición de esta acción, han ocasionado en mi mandante una afectación en su salud física y mental, han afectado su honra y han dañado a todo su núcleo familiar. El ánimo persecutorio en su contra, la discriminación y la revancha han podido más que el respeto por garantías básicas y mínimas para con un fiscal destacado y con una trayectoria intachable, lo que no es presentable, máxime cuando quienes actuando y provocando tales afectaciones y vulneraciones son miembros de un órgano del Estado que debe, primeramente, respetar la ley, la Constitución y los tratados internacionales, lo que desde luego, en este caso, no ha ocurrido pudiendo existir inclusive hechos que revisten caracteres de delito en los involucrados en esta verdadera caza de brujas”.

Asimismo, la crónica indica que el abogado hace referencia a que “se hace evidente el grave nivel de discriminación sufrido por mi representado. Es cosa de hacer una comparación básica con lo ocurrido con el ex Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, a quien le iniciaron una investigación administrativa en la cual -y pese a la gravedad de los hechos que se le imputan, que son de conocimiento público- nunca se pidió la remoción de su cargo y, por el contrario, esperaron que terminara su período y siguiera percibiendo una remuneración millonaria sentado en su casa”.

Fernando Leal indica que “en el caso del fiscal Soto, con la mayor urgencia tramitaron cuatro investigaciones administrativas en su contra en 8 meses y pese a que él denunció el acoso laboral de que era objeto, ello no fue considerado y, peor aún, esa investigación hasta la fecha no tiene resultado”.

Hay que mencionar que el denunciante fue removido de su cargo en mérito de la Resolución FN/MP N° 1464/2025, de fecha 23 de junio de 2025, del Fiscal Nacional del Ministerio Público, quien, resolviendo el recurso de apelación interpuesto en contra de medida disciplinaria, resolvió rechazarlo confirmando la sanción de remoción. Dicha resolución le fue notificada por correo electrónico el 24 de junio de 2025.

Recordemos que Manuel Soto Basauren había confirmado hace algunas semanas que fue notificado de su destitución por parte del Ministerio Público, en el marco de una serie de procesos administrativos que se instruyeron en su contra en los últimos meses. La decisión del fiscal nacional Ángel Valencia, también incluyó la remoción de otro persecutor de la ciudad de Rancagua.

Soto, quien se desempeñaba en la Fiscalía Local de Punta Arenas, afirmaba en su oportunidad que se enteró de su destitución a través de la prensa, sin haber recibido una notificación directa de parte de la autoridad. Atribuyó su salida a una intención deliberada de removerlo de su cargo: “Querían sacarme de la Fiscalía y lo lograron”, declaró a los medios en dicha ocasión.

En la demanda, que hace referencia el medio antes mencionado, se denuncia todo un proceso de arbitrariedad y menoscabo en contra del ahora ex fiscal, Manuel Antonio Soto Basauren. Esto, se advierte en el texto del líbelo al ejemplificarse una serie de prácticas que vulneraron su derecho a la integridad psíquica y física, al ser humillado y mal tratado de manera constante por su empleador durante los últimos meses del vínculo laboral, y también, al sufrir directa discriminación, afectación de su derecho a la honra y su derecho de indemnidad.

En el relato manifestado por el ex fiscal, Manuel Antonio Soto Basauren, en su calidad de víctima plantea: “Quiero manifestar, que soy un Fiscal Adjunto, con 17 años en la institución. Desde mis inicios, como Abogado Asistente, luego Fiscal Adjunto y también como Fiscal Adjunto Jefe, me he desempeñado en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Durante todos estos años, he realizado mi trabajo de manera responsable y profesional, teniendo una conducta intachable. Mis funciones como Fiscal Adjunto, comienzan en 2016, primeramente, con la especialidad en Responsabilidad Penal Adolescente y, posteriormente, hasta la fecha con la especialidad en investigaciones por delitos de la Ley N°20.000 (Ley de Drogas). En marzo de 2023, el Fiscal Nacional don Ángel Valencia Vásquez me designó Fiscal Regional Suplente en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, hasta mayo del mismo año, fecha en que asumió el nuevo Fiscal Regional”.

Agrega que “cuando asume como Fiscal Regional don Cristian Crisosto Rifo, ha existido en mi contra una animadversión notoria que, en un comienzo, se expresaba en un trato mínimo y distante hacia mi persona y que, lamentablemente, con el transcurso del tiempo, se fue extendiendo a mis funciones como Fiscal Adjunto”.

Otra tutela laboral

En las últimas horas, se supo que la ex fiscal de Natales Lorena Carrasco Loyola también demandó al fiscal regional Cristián Crisosto Rifo por tutela laboral, acción que se suma a la presentada por Manuel Soto Basauren. Ambos fiscales señalan que dentro de la Fiscalía Regional existe una suerte de persecución en contra de los funcionarios antiguos, y acusan que el fiscal regional ha intentado destituir a los funcionarios y colocar a sus amigos o gente de confianza.

En causa laboral del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, entre otras cosas, la ex fiscal detalla cómo actúa el fiscal regional, narrando incluso un episodio de hostigamiento ocurrido en una cena.