Hay una peligrosa tentación en los finales de mandato: Cerrar carpetas, como si cerrar carpetas fuera sinónimo de gobernar. Firmar, publicar, despachar al Diario Oficial. Dejar “resuelto” lo pendiente antes del cambio de mando. El problema es que cuando lo que está en juego son las reglas que ordenarán el territorio por los próximos 20 o 30 años, la prisa no es eficiencia: Es irresponsabilidad.

La incertidumbre regulatoria en Magallanes no es un invento empresarial. Es un hecho palpable. Diversos sectores productivos han puesto el tema de manera constante sobre la mesa, en los últimos días fue la CPC regional la que levantó la voz, y ahora la Asociación de Salmonicultores, a través de su presidente, Carlos Odebret. Todos advierten sobre el riesgo de aprobar instrumentos estratégicos, como el Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar, a última hora, forzando los tiempos políticos por sobre el rigor técnico. ¿El resultado previsible? Judicialización, recursos de protección, demandas y una región atrapada en una maraña de litigios.

Aquí conviene despejar caricaturas. La discusión no es “industria versus regulación” ni “economía versus conservación”. El propio gremio salmonicultor ha sido claro: El problema no es que existan normas, sino cómo se construyen. La calidad institucional no es una consigna vacía; es la diferencia entre una política pública sólida y un texto que se desarma en tribunales.

Hay tres ejes que deberían preocupar no solo a los salmonicultores, sino a cualquiera que piense en el futuro regional.

Primero, la inestabilidad jurídica. Una norma con vacíos técnicos o inconsistencias administrativas es tierra fértil para la judicialización. Cada permiso otorgado bajo un plan mal diseñado se convierte en blanco seguro de impugnaciones. Y cuando un proyecto entra a tribunales, no solo se detiene esa inversión, si no que se envía una señal al mercado de que Magallanes es territorio incierto. Esa reputación cuesta décadas revertirla.

Segundo, el impacto transversal. No se trata únicamente de centros de cultivo. La cadena logística completa, desde la pesca extractiva hasta el transporte marítimo, depende de reglas claras. Punta Arenas aspira a consolidarse como puerta de entrada a la Antártica y polo de hidrógeno verde. ¿Con qué credibilidad se promueve esa visión si las normas básicas que ordenan el uso del territorio nacen bajo sospecha técnica y con conflicto social incubado?

Tercero, calidad versus rapidez. La frase de Odebret es incómoda porque apunta al corazón del problema: “La buena política pública no se mide por la rapidez del cierre, sino por la calidad institucional”. Publicar antes de marzo puede servir a la estadística administrativa; pero si ese apuro debilita la gobernanza territorial, el costo lo pagará la próxima administración, y probablemente la siguiente.

El conflicto de fondo es el Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar y su relación con la Reserva Nacional adyacente, donde existen concesiones vigentes. Si el diseño carece de rigor técnico en protocolos de navegación o producción, se abre un flanco de impugnaciones. Si se percibe como un cierre sin consenso, se erosiona la legitimidad social. Si deja incertidumbres administrativas, se paralizan nuevas inversiones y la renovación de permisos. Todo eso en una región que no puede darse el lujo de espantar capital ni empleo.

Pero más allá de la salmonicultura, lo que está en juego es algo mayor: La credibilidad del Estado en Magallanes. Una norma mal construida no solo afecta a un sector. Si no que instala la idea de que aquí las reglas pueden cambiar por coyuntura política. Eso es dinamita para cualquier estrategia de desarrollo sostenible.

Magallanes necesita conservación robusta y actividad económica responsable. No son conceptos excluyentes. Lo que sí es excluyente es la improvisación. Si el Gobierno quiere dejar una huella duradera, que sea la de procesos técnicamente impecables, participativos y jurídicamente consistentes. Lo contrario es gobernar con cronómetro en mano y heredar conflictos.

Las regiones extremas ya cargan suficientes desventajas estructurales. Sumarles inestabilidad regulatoria por apuro administrativo sería un error histórico. Porque en el extremo sur, más que en ninguna otra parte, las decisiones deben pensarse en décadas, no en semanas.

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl