El gobernador regional de Magallanes defendió el proceso cuestionado por el organismo fiscalizador, descartó problemas de probidad y aseguró que la selección del inmueble no fue decisión del Gobierno Regional.

La resolución de Contraloría que concluyó que la compra de un inmueble por parte del Gobierno Regional de Magallanes no se ajustó a derecho abrió un nuevo flanco para la administración encabezada por Jorge Flies, quien este jueves salió a responder al duro dictamen.

“Nosotros en eso somos absolutamente obedientes, vamos a acatar la instrucción de Contraloría. No la compartimos, pero la vamos a acatar”, afirmó la autoridad, marcando desde el inicio una línea clara: Cumplimiento formal, pero con desacuerdo de fondo.

Un dictamen que golpea el proceso completo

Tal como reveló ZonaZero.cl, Contraloría detectó una serie de irregularidades en la adquisición del inmueble destinado al servicio Mejor Niñez, cuestionando aspectos estructurales del proceso, desde la ausencia de licitación hasta problemas en las tasaciones y la falta de respaldo técnico suficiente.

En ese contexto, Flies no solo defendió el procedimiento, sino que también cuestionó el actuar del organismo fiscalizador: “Nos llama la atención que antes que se instruyeran esos procesos, hay juicios de Contraloría (…) sin un proceso de investigación terminado”, sostuvo. Y agregó: “Es parte de lo impreciso del dictamen”.

“El Gobierno Regional no eligió la casa”

Uno de los ejes principales de la defensa del gobernador fue desligar al GORE de la decisión sobre el inmueble adquirido. “En la selección de la casa, en la identificación de qué casa se iba a comprar, no tuvo ninguna opción el Gobierno Regional”, afirmó. Y reforzó la idea con una frase que repitió en varias ocasiones: “Solamente lo que hacemos nosotros es pagar”.

Según explicó, el proceso de selección fue llevado adelante por el servicio Mejor Niñez, entidad que, aseguró, tiene el rol técnico para definir qué tipo de vivienda se requiere. “Todo el proceso de selección de la vivienda (…) lo hace el servicio Mejor Niñez”, indicó. No obstante, reconoció un punto sensible:
“Quienes tenemos que pagar en última instancia esa decisión es el Gobierno Regional”.

Defensa del mecanismo y cuestionamiento a las observaciones

Flies también abordó las objeciones al uso del decreto 1939, señalando que se trata de un mecanismo habitual en este tipo de operaciones. “La Contraloría hace objeción al decreto 1939, que es un decreto que el Gobierno Regional (…) en muchas otras compras lo hemos utilizado. Se han comprado terrenos con toma de razón absolutamente tramitadas”, añadió, defendiendo la legalidad histórica del procedimiento.

Al mismo tiempo, el gobernador explicó que la adquisición responde a una necesidad levantada por el servicio Mejor Niñez desde hace años. “Esto ha sido una permanente insistencia, por la complicación que teníamos con los niños”, señaló.

Según detalló, el proceso se inició en 2023, tuvo un primer intento fallido y luego se retomó hasta concretarse en marzo de 2024.

Probidad y desvinculación de temas personales

Frente a cuestionamientos por eventuales conflictos, la autoridad fue categórica: “Yo descarto absolutamente cualquier relación. Quiero ser muy claro con la comunidad, no hay problemas de probidad o problemas que estén cruzados con temas familiares”, enfatizó.

En esa línea, también descartó vínculos entre la renuncia de la exfuncionaria Eugenia Mancilla y este caso, calificándolo como “un tema personal”.

Otro elemento que suma tensión es la acción legal impulsada desde el Gobierno Regional. “Se ha hecho una reclamación jurídica por injurias al proceso de la institución (…) no por calumnias”, explicó Flies, marcando una distinción legal respecto de imputaciones personales. Además, adelantó que la representación podría continuar con abogados particulares, lo que abre interrogantes sobre los costos asociados.

El choque de versiones

Mientras el gobernador insiste en que el proceso fue regular y sin problemas de probidad, el dictamen de Contraloría apunta en sentido contrario, cuestionando la legalidad del procedimiento y ordenando investigaciones administrativas, además de remitir antecedentes al Ministerio Público.

Así, el caso no solo instala dudas sobre la compra del inmueble, sino que también abre un escenario de tensión institucional entre el Gobierno Regional y el organismo fiscalizador, con eventuales derivadas administrativas y judiciales aún por definirse.

Redacción ZonaZero.cl