Una denuncia criminal ingresada ante el Ministerio Público encendió las alertas en el ámbito político y administrativo de Magallanes, luego de que el gestor territorial Daniel Oyarzo acusara al ex seremi de Gobierno, Andro Mimica, y a otros eventuales funcionarios, de participar en una presunta operación de falsificación documental para poner término anticipado a un contrato a honorarios, evitando así el pago de indemnizaciones.

La acción fue presentada ante la Fiscalía Local de Punta Arenas y describe un mecanismo que, de acreditarse, podría configurar delitos de falsificación de instrumento privado y uso malicioso de documento falso, ambos tipificados en el Código Penal.

Según la denuncia, el afectado suscribió en enero de 2026 un contrato a honorarios con la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno por un período de 12 meses, con una remuneración total superior a los 19 millones de pesos.

Sin embargo, el 31 de marzo fue notificado de su desvinculación mediante una resolución administrativa que daba por terminado el vínculo, argumentando el supuesto vencimiento del contrato. Para sustentar esta decisión, la autoridad habría presentado un documento distinto: Un contrato por solo tres meses y con un monto considerablemente menor.

El denunciante sostiene que ese segundo documento nunca fue firmado por él y que su firma habría sido clonada digitalmente e insertada en un archivo adulterado, lo que constituiría una falsificación material.

Perjuicio económico y eventual fraude

La presentación detalla que la diferencia entre ambos contratos representa un perjuicio directo de más de 14 millones de pesos, correspondiente a los meses no pagados tras la desvinculación anticipada.

Desde el punto de vista penal, este elemento es clave, ya que la figura de falsificación de instrumento privado exige la existencia de un daño patrimonial concreto o potencial.

Además, la denuncia acusa que el documento cuestionado habría sido utilizado para dictar la resolución administrativa de término de contrato y posteriormente ingresado al sistema SIAPER de la Contraloría General de la República (Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado), lo que de comprobarse implicaría también un uso malicioso del instrumento falsificado dentro del aparato estatal.

Contexto: Denuncias previas y clima interno

El libelo no se limita al hecho puntual, sino que lo enmarca en un contexto más amplio de denuncias y conflictos internos en la Seremi de Gobierno durante la gestión de Mimica.

Se mencionan antecedentes de presentaciones ante la Contraloría por vulneración de derechos laborales, así como intervenciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, en medio de cuestionamientos por prácticas laborales al interior del servicio.

Uno de los puntos más sensibles es la aparente contradicción entre declaraciones públicas del entonces seremi (quien habría negado la existencia de denuncias internas) y registros administrativos que darían cuenta de procesos en curso bajo la Ley Karin.

¿Qué podría significar esta denuncia?

El caso podría escalar significativamente en varias dimensiones: En lo penal, si la Fiscalía acredita la falsificación y el uso del documento, los responsables arriesgan penas que pueden incluir privación de libertad, especialmente considerando el eventual perjuicio económico y el uso de herramientas informáticas.

En lo administrativo, podrían abrirse sumarios y responsabilidades en cadena dentro de la estructura de la Seremi, incluyendo funcionarios que hayan participado en la elaboración, validación o ingreso del documento al sistema estatal.

En lo político, la denuncia refuerza un patrón de cuestionamientos sobre la gestión de Mimica, lo que podría tener repercusiones en su proyección pública y en el oficialismo regional, especialmente si se confirma la existencia de prácticas sistemáticas.

Y en lo institucional, de comprobarse la manipulación de documentos en sistemas oficiales como SIAPER, el caso podría tensionar los mecanismos de control interno del Estado y activar auditorías más profundas.

Diligencias solicitadas

El denunciante pidió a la Fiscalía una serie de diligencias, entre ellas la incautación de equipos y peritajes informáticos por parte de la PDI, el análisis documentológico para verificar la clonación de la firma, la revisión de trazabilidad en sistemas de la Contraloría, y la citación del ex seremi en calidad de imputado.

Más allá de su desenlace, la gravedad de la denuncia radica en el tipo de conducta descrita. Es decir, la eventual manipulación de documentos contractuales dentro del Estado para eludir obligaciones económicas.

De confirmarse, no solo se trataría de un conflicto laboral, sino de un caso emblemático de posible fraude administrativo con implicancias penales, que podría sentar precedentes en la persecución de delitos de “cuello blanco” en la región.

Por ahora, la investigación queda en manos del Ministerio Público, mientras el caso comienza a instalarse como uno de los más delicados en la esfera político-administrativa de Magallanes en lo que va del año.

Redacción ZonaZero.cl