Un nuevo giro judicial suma el polémico proceso de expropiación del Club Hípico de Punta Arenas. El abogado Felipe Molina presentó un escrito ante el Segundo Juzgado Civil para frenar el desistimiento impulsado por el Serviu de Magallanes y, además, exigir una indemnización que podría superar los $2.100 millones.

La acción, ingresada en el marco de la causa por consignación de indemnización (Rol V-88-2025), busca que el tribunal declare improcedente la decisión del organismo estatal de abandonar la expropiación del terreno ubicado en avenida Bulnes, donde se proyectaba la construcción de viviendas con áreas verdes, equipamiento, y un parque urbano.

El conflicto se origina tras la Resolución Exenta N° 637 del Serviu, emitida el 27 de marzo de 2026, que dejó sin efecto la expropiación previamente decretada. Según el organismo, la decisión responde a restricciones presupuestarias derivadas del plan de ajuste fiscal instruido por el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, la defensa del Club Hípico sostiene que este desistimiento no es un simple acto administrativo, sino una decisión “ilegal y arbitraria”, acusando que se basa en una circular sin valor normativo suficiente y que vulnera principios clave como la legalidad presupuestaria, la razonabilidad y la confianza legítima.

El escrito plantea que los recursos para la expropiación ya habían sido comprometidos e incluso consignados ante el tribunal en diciembre de 2025, lo que según argumentan habría transferido el dominio del inmueble al Estado, conforme al DL 2.186.

Acusan desviación de poder y errores de fondo

Uno de los puntos más sensibles del recurso es la acusación de “desviación de poder”. La defensa afirma que el Serviu no desistió porque el proyecto haya perdido interés público, sino exclusivamente por razones de ajuste fiscal.

“El motivo real no es la pérdida de necesidad habitacional, sino una decisión económica”, sostiene el escrito, añadiendo que la demanda de viviendas en Punta Arenas sigue vigente.

Además, se cuestiona que el acto administrativo contiene errores, como afirmar que no se había materializado la toma de posesión del terreno o que no se había pagado la indemnización, pese a que (según consta en la causa) ambos hitos ya habrían sido cumplidos o autorizados.

Solicitan retener fondos y pagar indemnización

En paralelo, el abogado del Club Hípico pidió al tribunal retener los fondos ya consignados por el Estado, argumentando que su devolución dejaría sin garantía el eventual pago de perjuicios.

La cifra en disputa no es menor. El escrito estima preliminarmente daños por más de $2.179 millones, desglosados en lucro cesante, daño emergente y costo de oportunidad derivados del proceso expropiatorio y su posterior desistimiento.

Según la presentación, el solo hecho de haber estado afecto a expropiación generó efectos económicos significativos, como la imposibilidad de vender, paralización de inversiones y pérdida de oportunidades comerciales.

La controversia ahora abre un nuevo frente para el Gobierno en Magallanes, donde la decisión de frenar la expropiación podría tensionar la agenda y la credibilidad en la ejecución de proyectos públicos.

Por ahora, será el tribunal civil el que deberá resolver si el desistimiento del Serviu se ajusta a derecho o si, como plantea la defensa, se trata de una actuación viciada que no solo debe ser revertida, sino también indemnizada.

Redacción ZonaZero.cl