En medio de crecientes preocupaciones por seguridad y control territorial, autoridades regionales retomaron las gestiones para implementar plenamente la Ley 21.792, normativa que obliga a las aerolíneas a entregar información detallada de sus pasajeros a las instituciones policiales y al Ministerio Público, con el objetivo de detectar prófugos de la justicia y prevenir su ingreso a Magallanes.

La reactivación del tema no es menor. Si bien la ley fue aprobada y entró en vigencia en enero de este año, su aplicación en la práctica ha estado lejos de ser sistemática, tal como ZonaZero.cl ha advertido en publicaciones anteriores. En particular, la entrega oportuna del listado de pasajeros y el uso efectivo de esos datos por parte de las policías han presentado retrasos, evidenciando una brecha entre la norma y su ejecución.

En una nueva reunión de coordinación donde participaron la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López; y el concejal Germán Flores, se coincidió en la urgencia de avanzar hacia una implementación operativa real.

La ley establece que, una vez finalizado el embarque, las aerolíneas deben proporcionar información como la identidad de los pasajeros, origen y destino del viaje, además de registros anticipados. Estos datos deben ser puestos a disposición de la Policía de Investigaciones, Carabineros y Fiscalía, tanto de manera regular como ante requerimientos específicos.

Sin embargo, más allá del marco legal, el principal nudo ha estado en la coordinación interinstitucional. La propia autoridad regional reconoció que aún se afinan mecanismos con Fiscalía para definir los procedimientos frente a casos concretos, como pasajeros con órdenes de detención vigentes.

Desde el municipio, el alcalde Radonich fue más directo al apuntar al problema de fondo. Porque existe una ley vigente, pero aún no plenamente eficaz. En esa línea, subrayó que el desafío no es normativo, sino operativo, especialmente en la articulación entre aerolíneas, policías, tribunales y el Ministerio Público.

Este escenario no es nuevo. ZonaZero.cl ha venido reportando que, pese a la existencia de herramientas como el registro de pasajeros e incluso la discusión sobre control biométrico en puntos de ingreso, los sistemas no han sido utilizados con la intensidad ni la coordinación necesarias en los últimos meses, y la falta de aplicación efectiva ha generado preocupación en sectores que advierten que Magallanes podría transformarse en un punto de ingreso atractivo para personas con causas pendientes, precisamente por su condición geográfica aislada.

El concejal Germán Flores reforzó esa idea, señalando que la región no puede convertirse en refugio de prófugos, insistiendo en que no basta con que la ley obligue a las aerolíneas a entregar información, sino que las instituciones deben requerirla y utilizarla activamente.

En ese contexto, el anuncio de que el sistema podría estar operativo antes o durante mayo aparece como un intento por revertir meses de implementación incompleta. El plazo no es casual: se aproxima el invierno, periodo en que aumenta el flujo de pasajeros hacia y desde la región, lo que eleva también los riesgos en materia de control.

Así, más que un avance normativo, lo que hoy se juega en Magallanes es la credibilidad del sistema. La ley existe, los datos pueden ser obtenidos y la tecnología ha sido parte del debate, pero sin una ejecución efectiva, el objetivo de reforzar la seguridad seguirá siendo más una intención que una realidad concreta.

Redacción ZonaZero.cl